Ficha Técnica del Caso
Fecha del hecho: 26 de enero de 2026
Hora aproximada: No determinada
Lugar: Espacio digital
Víctimas o afectados: Blanca Moncada, periodista de La Defensa
Agresores identificados: Portales afines al gobierno
Tipo de agresión: Ataques en el espacio digital
Estado del caso: Caso en seguimiento institucional
La periodista Blanca Moncada, del medio digital La Defensa, fue víctima de una serie de ataques digitales, acusaciones falsas y mensajes misóginos estigmatizantes en redes sociales y portales digitales. Esto en aparente represalia por publicaciones relacionadas con la pauta oficial, reformas legales que afectan la libertad de expresión y denuncias sobre posibles prácticas de nepotismo en el Ejecutivo.
Los ataques se intensificaron después de la publicación de La Defensa, el domingo 25 de enero de 2026, revelando el listado de medios digitales y los montos asignados por la Secretaría de Comunicación del Gobierno en concepto de pauta oficial correspondiente a enero de 2026. Que
La difusión de esta información se produjo en un contexto político sensible, marcado por el debate sobre la reforma al artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), impulsada por la asambleísta oficialista Camila León, iniciativa que ha sido cuestionada por Fundamedios debido a su potencial impacto en la libertad de expresión y el riesgo de criminalización de la crítica a funcionarios públicos.
Moncada informó a Fundamedios que, días antes de la publicación, La Defensa había presentado solicitudes de acceso a la información pública ante varios ministerios y secretarías, como parte de una investigación periodística en curso sobre presunto nepotismo que involucraría a un alto funcionario de Carondelet.
Al mismo tiempo y en el marco del debate público generado por declaraciones de la asambleísta Camila León —quien aseguró haberse reunido con periodistas y organizaciones para socializar su propuesta de reforma—, Moncada impulsó en la red social X el hashtag #YoNoMeReuníConCamila, como estrategia para saber quiénes habían asistido a dichos encuentros y sí, efectivamente, se produjeron. La etiqueta fue replicada por decenas de periodistas que negaron haber participado en reuniones con la legisladora.
Ese día, la periodista también publicó mensajes críticos sobre el silencio del Gobierno frente a los cuestionamientos planteados y reiteró, en jornadas posteriores, su preocupación por la situación de seguridad de periodistas en la provincia de Santa Elena.
Tras estas acciones, comenzaron a circular en redes sociales y portales digitales acusaciones falsas contra Blanca Moncada, incluyendo señalamientos de supuesto chantaje al alcalde de Guayaquil para obtener un cargo para su esposo dentro de la municipalidad. La periodista desmintió categóricamente estas afirmaciones y aclaró que su esposo no forma parte de la nómina municipal, es un profesional independiente y no existe vínculo alguno entre su actividad laboral y el ejercicio periodístico de ella.
Estas narrativas contra la periodista fueron amplificadas por portales como Politics EC, que ya ha atacado previamente a Moncada y a otros comunicadores. Dicho portal consta entre los medios beneficiados con pauta oficial, información que fue precisamente revelada por La Defensa.
Asimismo, el sitio El Informante difundió contenidos con lenguaje misógino, humillante y estigmatizante, extendiendo los ataques al entorno familiar de la periodista y reforzando estereotipos de género con el objetivo de desacreditar su credibilidad profesional y silenciar su voz en el debate público.
A estos ataques, Blanca respondió a través de su cuenta de X de manera frontal: “Cada tuit publicado con ataques está financiado con tu dinero, querido ecuatoriano. El resto es cuento. Mi esposo es un profesional independiente que ofrece servicios profesionales a diferentes clientes. Sus facturas no son un secreto, y su labor jamás ha interferido con mi oficio.
Y a mí nadie me paga por tuitear”.
Fundamedios observa que este caso reúne múltiples indicadores de violencia digital con enfoque de género, desinformación y estigmatización contra una periodista, como respuesta a su trabajo de investigación y a su participación activa en discusiones de interés público.
El uso de acusaciones infundadas, ataques personales y narrativas misóginas busca deslegitimar el ejercicio periodístico, generar intimidación y producir un efecto inhibidor sobre otras mujeres periodistas y comunicadoras que investigan o cuestionan al poder. Estas prácticas contravienen los estándares interamericanos sobre libertad de expresión, que establecen que las figuras públicas y el debate político deben estar sujetos a un mayor escrutinio, sin que ello derive en campañas de hostigamiento personal.