Ficha Técnica del Caso
Fecha del hecho: 16 de enero de 2026
Hora aproximada: 12h00
Lugar: Cantón La Libertad / Salinas (provincia de Santa Elena) y espacio digital (mensajería)
Víctimas o afectados: Fernando Muñoz, comunicador de Radio Salinas
Agresores identificados: Personas no identificadas (dos sujetos en motocicleta y remitentes de mensajes intimidatorios)
Tipo de agresión: Amenaza
Estado del caso: Entrevista cancelada por riesgo; intento fallido de denuncia en Fiscalía (fiscal en audiencias); sin denuncia formal al cierre; en seguimiento
La tarde del 15 de enero de 2026, el comunicador Fernando Muñoz, de Radio Salinas, fue víctima de amenazas e intimidación con el objetivo de impedir la difusión de una entrevista programada para las 17:00 con la activista Monika Silva. El tema que se iba a tratar eran las presuntas irregularidades en la venta de terrenos en la provincia de Santa Elena.
Fundamedios se puso en contacto con el periodista. Según su testimonio, el hecho ocurrió con rapidez: tras coordinar la entrevista y difundir, cerca del mediodía, el arte promocional del espacio, empezó a recibir amenazas. Su hermana lo llamó alarmada para contarle que dos sujetos en motocicleta llegaron a su domicilio, lo llamaron por su nombre y, tras confirmar que esa era su casa, dejaron una advertencia directa: que no debía “darle espacio a esa señora” y que, si insistía, amanecería “con la boca llena de hormigas igual que el carnicero”.
El comunicador señaló que la amenaza impactó especialmente porque ocurrió en su propia casa, frente a su familia, incluida su madre. “Carnicero” haría referencia a Robinson del Pezo, un comerciante local conocido por esa actividad y que fue asesinado tras haber recibido amenazas tras denunciar públicamente las irregularidades relacionadas con la venta de terrenos municipales en La Libertad, tema que se iba a tratar en el espacio de entrevistas de Muñoz.
Poco después, mientras intentaba tranquilizar a su familia, el periodista recibió otro mensaje intimidatorio acompañado de la imagen promocional de la entrevista: “Si haces esta entrevista, atente a las consecuencias”. Ese segundo episodio confirmó que los agresores no solo conocían el contenido del programa, sino también su ubicación y su entorno familiar, lo que elevó el nivel de riesgo.
Ante el escenario, la entrevista fue cancelada como medida de protección. Muñoz indicó que intentó presentar una denuncia ante la Fiscalía, pero no pudo concretarse porque el fiscal de turno estuvo en audiencias durante toda la jornada. Posteriormente decidió desistir por seguridad. “Por mi parte, lo peor que me pudo pasar fue que mi madre haya sido testigo de las amenazas”, expresó.
El comunicador también señaló que mantiene relaciones laborales y comerciales con varias autoridades locales y provinciales, y que, de existir un malestar institucional por la entrevista, lo esperable habría sido una comunicación directa. Sin embargo, remarcó que nadie lo contactó oficialmente y que la forma y la rapidez de la amenaza sugieren un intento deliberado de silenciar el espacio antes de que se difundan las denuncias previstas por su invitada.
El periodista manifestó preocupación adicional por la activista Mónica Silva y por el alcance del programa, que —según explicó— tiene cobertura en Santa Elena y retransmisiones en otras provincias, lo que podría haber motivado el interés en impedir que el tema “pase fronteras”.
Este hecho se produce en un contexto de creciente hostilidad contra la fiscalización ciudadana y el periodismo de investigación en Santa Elena, especialmente alrededor de denuncias sobre presuntas irregularidades en la venta de 93 hectáreas de terrenos municipales en el cantón La Libertad, operación cuestionada por su magnitud y por el precio ínfimo reportado (aprox. USD 2,94 por metro cuadrado).
Fundamedios documentó que el activista Joffre Ronquillo también recibió amenazas y hostigamiento luego de denunciar posibles delitos vinculados a esa compraventa.
Fundamedios expresa su preocupación por este caso de amenazas e intimidación que derivaron en la cancelación de una entrevista, lo que configura un acto de censura directa mediante el uso del miedo y la violencia. Amenazar a un comunicador en su propia casa, con referencias explícitas a la muerte, constituye una agresión grave que pone en riesgo la integridad del periodista, de su familia y de la persona invitada al espacio periodístico.
La situación adquiere mayor gravedad debido a que la amenaza incluyó una referencia directa a un antecedente del reciente asesinato de Robinson del Pezo, periodista ciudadano, quien fue asesinado después de haber denunciado las mismas irregularidades vinculadas a la venta de terrenos municipales en La Libertad.
La utilización de este caso como elemento de intimidación busca activar la memoria del miedo y constituye una forma especialmente peligrosa de amedrentamiento, al sugerir consecuencias fatales para quienes continúan investigando o difundiendo información de interés público.
Este hecho se inscribe en un patrón de hostigamiento sostenido contra activistas y comunicadores en la provincia de Santa Elena, vinculado a la fiscalización de presuntos actos de corrupción en la gestión del uso de las tierras.
La reiteración de amenazas, el desplazamiento forzado de denunciantes y, ahora, la interrupción forzada de espacios informativos generan un efecto inhibidor que restringe el debate público y afecta directamente el derecho de la ciudadanía a estar informada.