Fundamedios

Atentados y otros ataques físicos

Nuevo allanamiento en la productora de Catrina Tala genera denuncias de persecución

Ene 21, 2026

Ficha Técnica del Caso

Fecha del hecho: 19 de enero de 2026

Hora aproximada: Tarde

Lugar: Guayas, Guayaquil

Víctimas o afectados: Catrina Tala, productora y comunicadora

Agresores identificados: Fiscalía General del Estado (allanamiento)

Tipo de agresión: Atentados y otros ataques físicos

Estado del caso: Allanamiento ejecutado; investigación previa por presunto lavado de activos en curso; sin información oficial sobre indicios levantados

 

La periodista Catrina Tala denunció públicamente que la Fiscalía allanó, por segunda vez y de forma injustificada, las instalaciones de su productora audiovisual. La comunicadora habló de un claro acto de retaliación política, pues ocurre pocos días después de que el cuestionado presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, acusara directamente a la periodista de armar campañas en su contra por órdenes del alcalde de Guayaquil, Áquiles Álvarez, durante su comparecencia ante la Asamblea Nacional.

Según informó Tala en un video difundido en sus redes sociales, el allanamiento se realizó en horas de la tarde, con el objetivo de recabar documentación y equipos en el marco de una investigación previa por presunto lavado de activos. 

La comunicadora señaló que no considera el hecho una coincidencia, sino “un mensaje del poder”

“No es una coincidencia, es un mensaje”, afirmó Tala, al señalar que la mención en la Asamblea no estuvo relacionada con el caso Gaibor —tema que motivó la comparecencia de Mario Godoy— sino con acusaciones directas hacia ella y otras personas, sin que se presentaran pruebas

En su pronunciamiento, Tala relató que ha guardado silencio durante más de un año, pero que el allanamiento marca un punto de quiebre al afectar no solo su actividad profesional, sino también a su equipo de trabajo y a su entorno familiar, especialmente a sus hijos.

La empresa de Catrina Tala  ha estado intervenida por la Superintendencia de Compañías durante más de un año, periodo en el cual se han designado tres interventores, todos los cuales habrían concluido que no existen irregularidades. 

En octubre de 2025, la empresa entregó a la Fiscalía más de 15.000 fojas de información societaria, contable y tributaria. Según la periodista, un fiscal habría dejado constancia por escrito de que no existía lavado de activos. Pese a ello, aseguró, se ejecutó el allanamiento, del cual —según su testimonio— no se incautó ningún elemento.

Tala también cuestionó que el mismo juez que autorizó el allanamiento haya permitido, en octubre del año anterior, la inmovilización de las cuentas de su empresa durante más de 70 días (pese a que la ley establece un máximo de ocho), sin justificación legal por parte de la UAFE.

Este no es el primer operativo contra Catrina Tala. El 6 de febrero de 2025, las instalaciones de su productora, Rompecabezas, ya fueron intervenidas por personal de la Superintendencia de Compañías y de la Policía Nacional; diligencia que fue transmitida en vivo por portales digitales como El Dato. En ese momento, se difundió una narrativa de supuestos contratos irregulares con el Municipio de Guayaquil, información que —según Tala— no fue verificada y, aun así,  fue amplificada por otros portales afines al gobierno.

En una conversación previa con Fundamedios, Tala aseguró que todos los contratos se firmaron con transparencia. Denunció un “show mediático” orientado a construir una narrativa en su contra, incluso vinculando a su empresa con financiamiento político, acusaciones que rechazó de forma enfática. Fundamedios solicitó información a la Superintendencia de Compañías en ese momento, sin obtener respuesta oficial desde hace más de un año.

Fundamedios expresa su preocupación por este nuevo allanamiento y por las denuncias de estigmatización y hostigamiento institucional contra la comunicadora Catrina Tala, especialmente en un contexto en el que altas autoridades del sistema de justicia la han mencionado públicamente con acusaciones graves, sin que estas hayan sido debidamente sustentadas.

La mención pública por parte de la Asamblea Nacional, seguida de diligencias penales y administrativas reiteradas, puede generar un efecto intimidatorio no solo contra la comunicadora, sino también contra otros periodistas y productores que investigan o denuncian asuntos de interés público. El uso de procedimientos judiciales y administrativos en contextos de alta exposición mediática exige máxima transparencia, proporcionalidad y garantías para evitar que se conviertan en mecanismos de presión o de represalia.

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