Diario La Prensa de Riobamba afronta dos procesos ante la Superintendencia de la Información y Comunicación (SUPERCOM) tras denuncia del Alcalde de esa ciudad, ubicada en la sierra central del Ecuador. Las denuncias se interpusieron el 27 de octubre y 7 de noviembre de 2017 por el mismo caso y respecto del mismo artículo de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), referente a las normas deontológicas y al derecho a recibir información de relevancia pública veraz.
En diálogo con Fundamedios, Lucy Freire, representante del periódico comentó que los procesos se dieron a raíz de una publicación que hizo el diario sobre la aprobación, por parte de la Alcaldía de Riobamba, de retirar del listado de bienes patrimoniales, un inmueble de propiedad de dos niños menores de edad, sin contar con la autorización de un curador, o algún poder o documento oficial. “Según el Código de la Niñez un niño no puede pedir algo así, sería ilegal aprobar eso en base a un certificado de gravamen de la casa y que encima estaba caducado”, apuntó Freire.
Según Freire, el Alcalde les acusó de no haber contrastado con la información. Sin embargo, afirmó tener toda la documentación del caso que les fue proporcionada por un Concejal que votó en contra del retiro de este bien patrimonial. “Lo único que hicimos fue publicar el caso, tras una sesión del Concejo Municipal (…) creen que imponernos miedo o amilanar es la manera de hacer las cosas”, cuestionó Freire, quien, a propósito de este hecho, está organizando un foro para debatir acerca de la libertad de expresión.
Al momento, las denuncias en contra del rotativo aún se analizan en la SUPERCOM, que decidirá en los próximos días si existe o no sanción. El Alcalde denunció al medio de comunicación, por la supuesta inobservancia de los artículos 10, numeral 3, literal a, y numeral 4 literal e de la LOC, así como el artículo 22. Todos ellos concernientes al ejercicio profesional y la obligación de respetar los presupuestos constitucionales de verificación, oportunidad, contextualización y contrastación en la difusión de información de relevancia pública o interés general; Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido de las noticias y, al derecho a recibir información de relevancia pública veraz. La sanción que la Ley contempla en este tipo de casos es una amonestación escrita.
