Ficha Técnica del Caso
Fecha del hecho: 06 de febrero de 2026
Hora aproximada: 11h30
Lugar: Pujilí, Cotopaxi
Víctimas o afectados: Periodistas y medios
Agresores identificados: Alcalde subrogante, Raúl Arroyo
Tipo de agresión: Amenaza / proceso judicial
Estado del caso: En seguimiento institucional
El 6 de febrero de 2026, durante una rueda de prensa , el alcalde subrogante de Pujilí, Raúl Arroyo, emitió declaraciones estigmatizantes y amenazó con iniciar acciones judiciales contra periodistas y medios de comunicación locales que han difundido información crítica sobre su gestión.
En su intervención, Arroyo afirmó que existiría un grupo que intenta “boicotear la administración” y arremetió contra periodistas que han publicado información incómodos para su mandato. En ese contexto, calificó su trabajo con expresiones despectivas como “el bufón de la fiesta”, y sostuvo que se dirigiría únicamente a “medios serios”.
Asimismo, manifestó que se encuentra en la “obligación” de iniciar procesos jurídicos contra medios y periodistas: “No estoy amenazando, yo no amenazo, yo cumplo”.
También indicó que se habrían solicitado “actos urgentes” para recopilar publicaciones antes de que sean eliminadas, en referencia a contenidos que calificó como “información falsa”. Fundamedios verificó si se ha interpuesto alguna acción legal en el sistema del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía sin encontrar resultados hasta el cierre de la nota.
Estas declaraciones se producen en un contexto de alta conflictividad política en el cantón. Arroyo ejerce como alcalde subrogante debido a la situación judicial del alcalde titular, José Arroyo, quien enfrenta un proceso penal dentro del denominado caso Ornato, en el que la Fiscalía investiga un presunto delito de peculado relacionado con adjudicación irregular de obras ornamentales.
Periodistas locales informaron a Fundamedios que existe tensión institucional entre concejales, funcionarios municipales y la actual administración. En ese marco, el alcalde subrogante también acusó públicamente a concejales de presuntos actos de corrupción, ampliando su discurso confrontativo hacia actores políticos y medios de comunicación.
Comunicadores de la zona expresaron preocupación y temor frente a la amenaza explícita de judicialización y el uso potencial de figuras penales como mecanismo de presión frente a la cobertura informativa. Señalan que el discurso intimidatorio se habría extendido desde el ámbito político hacia el ejercicio periodístico.
Fundamedios considera preocupante el uso de un discurso estigmatizante desde una autoridad pública contra periodistas y medios locales. Las expresiones descalificantes y la amenaza de iniciar procesos judiciales generan un efecto intimidatorio y desalentar la cobertura crítica de asuntos de interés público.
Los estándares interamericanos de libertad de expresión establecen que las autoridades deben abstenerse de emitir declaraciones que estigmaticen a la prensa o que puedan incentivar represalias. Asimismo, el uso del sistema judicial como mecanismo de presión frente a la crítica pública puede configurar una forma de censura indirecta.