Fundamedios

Ataques en el espacio digital

Activista enfrenta campaña de amenazas y violencia digital desde redes afines al poder

Ene 23, 2026

Ficha Técnica del Caso

Fecha del hecho: 21 de diciembre de 2025 (continúa en curso)

Hora aproximada: No determinada

Lugar: Espacio digital

Víctimas o afectados: Gabriela Panchana, analista política y activista

Agresores identificados: Cuentas anónimas;
Andersson Boscán;
José Julio Neira;
Mario Godoy

Tipo de agresión: Ataques en el espacio digital

Estado del caso: Caso en seguimiento institucional

 

Fundamedios expresa su condena y su extrema preocupación por la campaña sostenida de violencia digital, difamación y estigmatización contra la analista política y activista Gabriela Panchana, iniciada el 21 de diciembre de 2025 y que se mantiene hasta la fecha. Los actos de amenaza e intimidación se desatan tras que la comunicadora política denuncia en su cuenta de X los vínculos profesionales de la esposa de Mario Godoy, presidente de la Judicatura, con un capo serbio del narco que está siendo juzgado en Ecuador.

Según la información documentada por la propia afectada, los ataques provienen principalmente de cuentas anónimas y coordinadas en la red social X. Muchas mantienen una línea de respaldo constante y de promoción del gobierno del presidente Daniel Noboa, lo que sugiere la posible existencia de un entramado de cuentas tipo “troll center”.

Entre las más activas está @LaGuiaEc_ que ha difundido al menos siete publicaciones con acusaciones infundadas contra Panchana, llamados públicos para que la Fiscalía la investigue por supuestos delitos inexistentes, y narrativas orientadas a desacreditar su trabajo profesional y su voz crítica.

La campaña se intensificó cuando el generador de contenidos Andersson Boscán difundió facturas (legítimas, declaradas y tributadas) correspondientes a 

servicios profesionales de comunicación política, exponiendo de forma ilegal datos personales de Gabriela Panchana. Dichos documentos fueron utilizados para insinuar que la activista habría defendido o representado a personas investigadas por delitos graves, como Danilo Carrera, afirmaciones que han sido categóricamente desmentidas por la afectada.

La exposición de información privada y sensible en un contexto nacional marcado por altos niveles de violencia e inseguridad incrementa directamente el riesgo de extorsión, amenazas, secuestro u otros delitos contra la víctima y su entorno familiar.

Este escenario se agravó con declaraciones públicas del director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), José Julio Neira, quien el 8 de enero de 2026 dijo que —sin presentar prueba alguna— el nombre de Gabriela Panchana podría aparecer en dispositivos incautados en investigaciones penales. Esto pese a que no existe ningún proceso judicial en su contra. 

Asimismo, durante una comparecencia ante la Asamblea Nacional, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, afirmó sin sustento que Panchana trabajaría junto a la comunicadora Catrina Tala en una supuesta estrategia de manipulación informativa a favor del alcalde Aquiles Álvarez, con quien la activista ha señalado no tener relación alguna. Estas afirmaciones fueron replicadas por el medio Primicias.

Solo días atrás, la periodista Catrina Tala denunció públicamente que la Fiscalía allanó, por segunda vez y de forma injustificada, las instalaciones de su productora audiovisual. La comunicadora habló de actos de retaliación política, pues ocurrió pocos días después de que el cuestionado presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, acusara directamente a la periodista de armar campañas en su contra por supuestas órdenes del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, durante su comparecencia ante la Asamblea Nacional.

Fundamedios advierte que el patrón de difusión de información privada, acusaciones falsas con amplificación en redes coordinadas y declaraciones estigmatizantes de altos funcionarios públicos hacia periodistas y activistas no pueden analizarse de manera aislada. Estas acciones se inscriben en un contexto más amplio de criminalización de voces críticas, uso político de la justicia y persecución selectiva, donde la respuesta a cuestionamientos legítimos hacia las autoridades ha sido la deslegitimación pública y la exposición deliberada al riesgo.

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