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El 29 de enero de 2016, el Tribunal de Garantías Penales de la ciudad amazónica del Puyo declaró culpables a cuatro ciudadanos por el delito de ataque y resistencia y los condenó a seis meses de prisión y al pago de una multa equivalente a tres remuneraciones básicas, por los hechos ocurridos el 13 de agosto de 2015, durante un levantamiento indígena y paro nacional. Los acusados son conocidos como “Los 7 de Pastaza”, sin embargo tres de ellos (José Tubón, Elvis Guamán y Nelson Uyunkar) no han sido llamados a audiencia, por lo que aún se espera su juzgamiento.
La sentencia contra José Manuel de la Cruz, Segundo Pilataxi, Patricio Meza y Stalin Robles se conoció tras cuatro días de audiencia pública en medio de quejas por parte de los abogados defensores de los acusados quienes cuestionaron que no se haya notificado a todos los procesados, que fueron implicados a partir de dos acusaciones, una hecha por la Fiscalía, la cual se basa en un parte policial y otra acusación particular hecha por el Ministerio del Interior.
En la relación de los hechos, que consta en el oficio presentado por el Ministro del Interior, se menciona que el 13 de agosto de 2015, a eso de las 20:00, “ciudadanos que dirigían las movilizaciones destruyeron las cercas metálicas que impedían el ingreso a la Gobernación, agrediendo a servidores policiales”. Durante la audiencia también se presentaron las versiones de 35 aspirantes a policías, quienes actuaron como testigos de la Fiscalía y relataron los hechos ocurridos con testimonios diversos y contradictorios, según la defensa de los acusados.
En diálogo con Fundamedios, la abogada Gabriela Erazo, defensora de Elvis Guamán, estudiante de 19 años, cuestionó que se utilice una figura contradictoria al derecho constitucional a la resistencia y aseguró que su cliente fue vinculado casi un mes después, por medio de un informe realizado por un agente de investigación, que no era un perito acreditado, lo que se va en contra de un debido proceso.
Wilman Jaramillo, abogado de Segundo Pilataxi y Patricio Meza, señaló en la audiencia que en la denuncia no se detalla la responsabilidad individual de cada uno de los denunciados. Además enfatizó que cuando existe una denuncia particular el representante del Estado es la Procuraduría General, no el Ministerio, según se detalló en un comunicado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE). Los sentenciados esperan ser notificados con la sentencia para presentar la respectiva apelación.
El delito de ataque y resistencia está tipificado en el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y establece una pena de 6 meses a 2 años a “la persona que ataque o se resista con violencias o amenazas a los empleados públicos, a los depositarios o agentes de la fuerza pública, a los comisionados para la percepción de los impuestos y contribuciones, a los ejecutores de los decretos y fallos judiciales, a los guardas de las aduanas y oficinas de recaudación y a los agentes de policía, cuando obran en ejecución de las leyes, o de las órdenes o reglamentos de la autoridad pública”.
ACTUALIZACIÓN El 20 de abril de 2016, el Tribunal de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Pastaza negó el recurso de apelación interpuesto a favor de Patricio Meza, Stalin Robles, José De La Cruz y Segundo Pilataxi. El argumento del Tribunal fue que los procesados participaron en la marcha y que existen videos probatorios. Este argumento fue rechazado por la defensa. Para Ramiro García Falconí, abogado de Meza, la Fiscalía no logró probar la materialidad ni responsabilidad de los hechos. Tampoco evidenció la relación entre los daños y la responsabilidad de las personas.
Con ello, se ratificó la sentencia para los cuatro procesados que tendrán que cumplir 6 meses de prisión y el pago de tres salarios mínimos vitales.
Citizens are condemned to prison for the crime of “attack and resistance” after protests
On January 2016, The Court of Penal Guarantees of Puyo (city located in the amazon region) convicted four people on charges for attacking and resistance in a violent way against public officials. They were sentenced to six months of prison and to pay a fine of three times the minimum wage because of the events of August 13, 2015, during the indigenous strike. The defendants are called “the seven of Pastaza”. Three of them are still waiting their judgments.
The judgement against citizens: José Manuel de la Cruz, Segundo Pilataxi, Patricio Meza, and Stalin Robles was known after four days of public hearings. Defence attorneys questioned that not all the processed were notified. It is good to recall that they were implicated based on two accusations made by a police report and another one by the Minister of the Interior.
According to a document issued by The Ministry of the Interior, on August, 2015, at 20h00 pm, “citizens, who leaded strikes, were attacking policemen and then they destroyed metal fences that prevented the entry to the governorship”. During the audience, 35 policemen applicants gave confused and contradictory testimony, according to the defence lawyers.
In an interview with Fundamedios, Gabriela Erazo, lawyer of Elvis Guamán (19), questioned the use of a legal figure against the constitutional right of resistance. Also, she said that an inform made by an investigation agent, who was not an official proficient, made Elvis to be included in the case after a month. So, he did not have a due legal process.
Wilman Jaramillo, Segundo Pilataxi and Patricio Meza’s attourney, indicated that the individual responsibility of the defendants is not detailed in the complaint. Moreover, he emphasized the official representative of the Estate is the State Prosecutor’s Office and not the ministry, when there is a formal complaint. The defendants wait the written judgment in order to present an appellation.
This crime is typified in the art.283 of The Penal Code which establishes from six months to two years of prision “ to the person who attack or resist in a violent way against public employees, to depositaries or people of the public forces, to commissioners for the collection of taxes and contributions, to the executors of decrees and court decisions, the guardians of customs and revenue offices and police officers, when they execute law, orders or any regulation of public authority.