Ficha Técnica del Caso
Fecha del hecho: 05 de febrero de 2026
Hora aproximada: No determinada
Lugar: Pichincha, Quito
Víctimas o afectados: Gabriela Panchana
Agresores identificados: Elba Camacho
Tipo de agresión: Proceso judicial
Estado del caso: En seguimiento institucional
El 5 de febrero de 2026, la activista y analista política Gabriela Panchana fue objeto de una denuncia penal presentada ante la Fiscalía Provincial de Pichincha por Elba Camacho Cabezas- conocida usuario digital anteriormente militante afín al correísmo y hoy afín al oficialismo- la acusación es por presunta defraudación tributaria. La noticia del delito consta en el sistema de la Fiscalía General del Estado bajo el Nro. 170101826020657.
La acción se fundamenta principalmente en publicaciones hechas por Panchana en redes sociales, especialmente en X. Camacho atribuye a la analista política supuestas operaciones económicas relacionadas con la prestación de servicios comunicacionales.
Según el texto de la denuncia, “a través de plataformas digitales y redes sociales (…) se han difundido de manera reiterada diversas publicaciones que contienen señalamientos relacionados con presuntas operaciones económicas contractuales”.
Para sustentar la denuncia, Camacho cita contenidos publicados por ella misma, por Anderson Boscán y The Verdugo, en el que hablan de operaciones económicas de Panchana. De acuerdo con registros previos de Fundamedios, estas mismas cuentas y espacios digitales han participado en otras campañas de descrédito y estigmatización contra Panchana desde diciembre de 2025.
El escrito también hace referencia a conversaciones que la activista habría mantenido con el excandidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio, a partir de lo cual se construye una narrativa que la vincula con una supuesta actividad económica consistente en el “desprestigio mediático en redes sociales a través de cuentas anónimas denominadas troles”, al haber participado en la campaña presidencial de Villavicencio.
Las acusaciones se basan en interpretaciones de contenidos digitales, sin que se presenten pruebas documentales directas que acrediten la existencia de un contrato ilícito o un delito tributario.
En la denuncia se solicita que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) remita el caso como operaciones inusuales e injustificadas, y que la Superintendencia de Bancos analice sus movimientos financieros y números de cuentas. Adicionalmente —y de forma particularmente preocupante— se pide el allanamiento de la vivienda de Panchana para “obtener, explotar y preservar información de carácter digital”, así como la incautación de sus equipos informáticos.
Tras conocerse la denuncia, Panchana rechazó las acusaciones en sus redes sociales y aseguró haber cumplido con todas sus obligaciones tributarias. Sostuvo que el proceso se basa exclusivamente en su actividad crítica en redes sociales y advirtió que la solicitud de allanamiento constituye una forma de amedrentamiento destinada a silenciar su labor. “No hay facturas falsas ni cuentas ocultas; solo existe mi voz crítica en redes sociales, y eso, aparentemente, es motivo suficiente para intentar criminalizar mi actividad”, señaló.
— Gabriela Panchana Briones ❤️🇪🇨 (@EnVozAlta) February 10, 2026
Por su parte, Elba Camacho confirmó públicamente la presentación de la denuncia a través de un video en redes sociales. Indicó que decidió iniciar acciones penales por considerar que existen afectaciones a su honra sin pruebas. Anunció que prevé presentar nuevas denuncias. También afirmó haber entregado información para que la Fiscalía investigue otros posibles ilícitos.
Este proceso se produce en un contexto de violencia digital previamente documentado por Fundamedios contra Panchana, caracterizado por ataques coordinados, acusaciones infundadas y exposición de información personal. Los actos de amenaza e intimidación se desataron después que la comunicadora política denunció en su cuenta de X los vínculos profesionales de la esposa de Mario Godoy, presidente de la Judicatura, con un capo serbio del narco que está siendo juzgado en Ecuador.
Fundamedios considera especialmente alarmante que, a partir de contenidos difundidos en redes sociales, se soliciten medidas como el allanamiento de un domicilio y la incautación de equipos informáticos.
El allanamiento es una herramienta excepcional del sistema penal que solo puede justificarse bajo criterios estrictos de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Su uso en el marco de disputas derivadas del debate público o de la expresión crítica genera un precedente riesgoso y puede tener un efecto intimidatorio severo.
La activación simultánea de mecanismos penales, financieros y de control estatal, en un contexto de estigmatización digital sostenida, configura un escenario que puede afectar gravemente el ejercicio de la libertad de expresión y la participación ciudadana.