Proyecto de Ley para el Control de Flujos Irregulares de Capitales establece controles excesivos a las organizaciones de la sociedad civil, sin distinción
La aprobación del proyecto de lo que el presidente Daniel Noboa llamó “Ley de Fundaciones” avanza a pasos acelerados en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Tienen listo el informe para Primer Debate de lo que ahora llaman “Ley de Transparencia Social”, mientras se ha minimizado la participación de la sociedad civil en el debate.
Ecuador, 13 de agosto de 2025.- El presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea un proyecto de ley, con carácter de urgente, que impone fuertes restricciones a las organizaciones de la sociedad civil.
Fundamedios junto a otras organizaciones se ha pronunciado advirtiendo que las medidas contempladas en la Ley significan un peso desmedido para las organizaciones de todo tipo podrían afectar la libertad de asociación y de expresión. Además, contradicen estándares internacionales como los del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La norma contempla disoluciones, sanciones económicas y control financiero generalizado sin evidencia de necesidad proporcional. Las organizaciones firmantes del comunicado son: Fundación Ecuatoriana Equidad, Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador , Fundación Alas de Colibrí, Fundación CAJE, Fundación Diálogo Diverso, Fundación Cicleada por la Vida, Fundación de Mujeres Luna Creciente, y la Fundación Lucha contra la Corrupción.
El 1 de agosto, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó a trámite, por unanimidad, el Proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales, remitido con carácter de urgente en materia económica por el presidente Daniel Noboa Azín. La iniciativa busca prevenir, detectar y controlar posibles financiamientos irregulares en organizaciones, corporaciones y demás entidades sin fines de lucro radicadas en el país. El 5 de agosto, la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa avocó conocimiento del proyecto, con el objetivo de iniciar su tratamiento. La Asamblea tiene un plazo máximo de 30 días para su trámite, según la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El informe para el primer debate ha cambiado el nombre del proyecto de Ley para llamarlo ahora “Lay de Transparencia Social”, pero deja intacto el contenido de la iniciativa presidencial. Hasta el momento la Comisión ha minimizado la participación de la Sociedad Civil en las discusiones.
El proyecto establece medidas amplias de vigilancia y control sobre todas las organizaciones sin fines de lucro, sin distinguir su naturaleza, tamaño o nivel de riesgo. Entre sus principales disposiciones están:
- Un registro obligatorio en el Ministerio de Gobierno en un plazo de 90 días;
- La creación de una Superintendencia que ejercerá funciones de inspección, vigilancia y control financiero sobre las OSC;
- La exigencia de informes anuales con información detallada sobre fuentes de financiamiento, actividades, beneficiarios y códigos de ética;
- Sanciones económicas e incluso la disolución de las organizaciones por el incumplimiento de estas medidas.
Estas disposiciones generan un entorno de sospecha generalizada sobre todas las organizaciones, sin evidencias concretas que justifiquen la necesidad de un control tan estricto. Además, el enfoque del proyecto contradice los estándares internacionales en la materia, como los del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que recomiendan aplicar medidas proporcionales y diferenciadas, centradas solo en aquellas entidades que representan un riesgo comprobado.
A pesar de que la iniciativa se encuentra aún en trámite, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea ya tiene listo el informe para el primer debate, que plantea cambiar el nombre a “Ley de Transparencia Social”. Este documento, sin embargo, se elaboró con mínima participación de organizaciones de la sociedad civil: en las comparecencias públicas, la mayoría de voces consultadas fueron de funcionarios estatales y gremios empresariales, dejando de lado a actores comunitarios, culturales, ambientales y de derechos humanos, que serían directamente afectados por la norma. Tampoco se encuentran el listado de comparecencias completo.
Alertamos que el proyecto de ley fue presentado sin un proceso previo de consulta pública, a pesar de su alto impacto en el sector social y comunitario. Incluso la justificación que sustenta el proyecto no es clara, por ejemplo: no se presentan las cifras del monto del riesgo que generan las OSC en el negocio de lavado de activos.
Fundamedios reitera que toda iniciativa legislativa en esta materia debe fundamentarse en el respeto a los derechos humanos y a la libre asociación, reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador y en instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado.