Mural de ojos pintados en un muro de ladrillo, América Latina
Informe regional · Fundamedios × TrustLaw / Thomson Reuters Foundation

Una generación de leyes que bloquean el espacio cívico en América Latina

Un análisis comparado de los marcos que regulan a las organizaciones de la sociedad civil en diez países de la región — y de cómo la transparencia y la seguridad se han vuelto la vía preferida para restringir la libertad de asociación.

Ver los hallazgos
TrustLaw · Thomson Reuters Foundation

Investigación de Fundamedios, desarrollada con el apoyo legal pro bono de ocho estudios jurídicos en la región gracias a la conexión facilitada por TrustLaw, la red legal pro bono global de la Thomson Reuters Foundation.

10
países de América Latina analizados: Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela.
5.562 / 80%
organizaciones canceladas en Nicaragua desde 2018 — el 80% de las registradas en el país.
USD 10.000 / 5 días
umbral y plazo que exige El Salvador a las OSC para reportar transacciones a la Unidad de Inteligencia Financiera.
10–12 meses
lo que puede tardar el registro legal de una OSC en Honduras, junto a un patrimonio mínimo obligatorio.
Diagnóstico

Seis hallazgos que explican el cierre del espacio cívico

En los últimos años, América Latina vivió una expansión sostenida de marcos regulatorios dirigidos a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), presentados con objetivos legítimos: transparencia, rendición de cuentas, seguridad financiera. El análisis comparado de diez países muestra otra cosa: la consolidación de modelos que normalizan la sospecha sobre la sociedad civil, amplían la discrecionalidad estatal y debilitan el debido proceso.

01

La discrecionalidad se volvió la norma

La tendencia regional dominante es el aumento de la discrecionalidad estatal sobre las OSC, sobre todo mediante facultades administrativas para suspender o cancelar la personería jurídica sin control judicial efectivo — como en Bolivia, Nicaragua, Venezuela y, en menor medida, Ecuador.

02

Conceptos jurídicos indeterminados

"Orden público", "seguridad nacional" o "interés social" son el principal vehículo de restricción del espacio cívico: permiten sanciones graves sin necesidad de acreditar conductas ilícitas concretas.

03

La cooperación internacional, bajo sospecha

Leyes de "agentes extranjeros", registros especiales de donantes o requisitos adicionales para recibir fondos externos ya están presentes en al menos cinco de los diez países analizados.

04

El antilavado, usado como control

Los marcos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo se aplican de forma expansiva contra las OSC, pese a la baja incidencia empírica de lavado de activos en el sector.

05

La sanción más grave es también la más usada

La cancelación de la personería jurídica se consolidó como la sanción administrativa más grave y más utilizada — incluso por incumplimientos formales — con efectos inhibitorios profundos sobre la libertad de asociación y de expresión.

06

El costo lo pagan los derechos humanos

Las OSC de derechos humanos, libertad de expresión y anticorrupción son las más expuestas al impacto de estas regulaciones — no por mayor riesgo financiero, sino por su rol crítico frente al poder público.

Mapa de riesgo

Diez países, diez formas de regular —y de restringir— a la sociedad civil

Cada ficha del informe compara el marco normativo, los órganos de control, el registro, la supervisión y el financiamiento de las OSC. Este es el mecanismo distintivo identificado en cada país. Toca una tarjeta para ver el detalle.

Riesgo crítico Riesgo alto Riesgo medio Buena práctica
🇳🇮+
Nicaragua
Crítico
El Ministerio del Interior concentra el registro, control, sanción y cancelación de OSC. Más de 5.562 organizaciones canceladas desde 2018 (80% del total), con su patrimonio pasando al Estado en causales como "promover desestabilización".
🇻🇪+
Venezuela
Crítico
La Ley de Fiscalización de OSFL (2024) concentra en el Ejecutivo amplias facultades de inspección y auditoría sobre el origen y destino de los fondos, con garantías judiciales limitadas por la falta de independencia institucional.
🇵🇪+
Perú
Alto
La Ley 32301 ("ley anti-ONG", 2025) exige autorización previa de proyectos con fondos internacionales y prohíbe usarlos para litigar contra el Estado, incluso en casos de derechos humanos.
🇸🇻+
El Salvador
Alto
Las OSC son "sujetos obligados" de la ley antilavado: deben reportar en 5 días cualquier transacción sobre USD 10.000. La nueva ley de agentes extranjeros retiene el 30% de los fondos del exterior.
🇬🇹+
Guatemala
Alto
Centralización en el Ministerio de Gobernación; el registro toma de 6 a 9 meses. Se reportan auditorías arbitrarias y campañas de deslegitimación contra OSC de derechos humanos y anticorrupción.
🇭🇳+
Honduras
Alto
Modelo formalista y centralizado en el Poder Ejecutivo: registrar una OSC toma de 10 meses a un año y exige un patrimonio mínimo de L. 50.000 (~USD 2.000), una barrera económica inusual en la región.
🇪🇨+
Ecuador
Alto
La Ley Orgánica de Transparencia Social (2025) da un salto de un modelo declarativo a uno de control intensivo: clasificación de riesgo, debida diligencia sobre donantes y sanciones hasta la revocatoria, por causales formuladas en términos amplios.
🇧🇴+
Bolivia
Medio
Control fragmentado entre el Ministerio de la Presidencia y organismos departamentales, sin una vía de apelación clara ante decisiones del registro nacional de ONG (RUNONG).
🇨🇴+
Colombia
Buena práctica
Sin ley única de OSC: la supervisión real pasa por el Régimen Tributario Especial, que separa el registro legal de la evaluación política y condiciona beneficios, no la existencia de la organización.
🇦🇷+
Argentina
Buena práctica
Régimen segmentado sin ley única; el control antilavado se aplica solo a "sujetos obligados" con riesgo real, no a todas las OSC por defecto, y las cancelaciones tienen control judicial efectivo.
Hallazgos regionales

Cinco patrones que se repiten de México a la Patagonia

Más allá de las particularidades de cada país, el informe identifica cinco dinámicas comunes que, combinadas, erosionan el espacio cívico sin necesidad de una prohibición explícita.

01

Centralización del control administrativo

El poder de otorgar o revocar la personería jurídica se concentra en órganos del Ejecutivo, sin contrapesos técnicos independientes.

En Bolivia, la Ley N.º 351 exige adecuar los estatutos de las OSC a las políticas del Estado. En Ecuador, la LOTS habilita la suspensión de actividades por incumplimientos formales.
02

Supervisión punitiva y cargas de reporte desproporcionadas

Regímenes de supervisión intensiva, con exigencias administrativas que exceden la capacidad operativa real de la mayoría de las OSC — un diseño punitivo, no facilitador, que incentiva la autocensura.

03

El financiamiento como sospecha, sobre todo el internacional

Las OSC son tratadas como sujetos de riesgo, asimiladas a potenciales vehículos de lavado de activos o de injerencia extranjera.

En El Salvador, asociaciones y fundaciones son "sujetos obligados" de la ley antilavado, con la obligación de reportar en cinco días cualquier transacción que supere USD 10.000.
04

Estigmatización política y uso ambiguo del "orden público"

Narrativas oficiales presentan a las OSC como actores sospechosos o desestabilizadores, apoyadas en conceptos jurídicos amplios y sin definición precisa.

En Guatemala, las organizaciones de derechos humanos, justicia transicional o lucha contra la corrupción son blanco de mayor escrutinio y campañas de desprestigio.
05

Sanciones severas y debido proceso débil

La cancelación de la personería jurídica se aplica sin mecanismos claros de revisión judicial independiente.

Nicaragua es el caso más extremo: más de 5.562 organizaciones canceladas (80% del total) hasta 2025, con su patrimonio pasando a ser propiedad del Estado.

Según el FMI, América Latina es la región más violenta del mundo —con una tasa de homicidios tres veces superior al promedio global— y la de mayor desigualdad de ingresos. Son estos factores los que alimentan la aceptación pública de medidas restrictivas contra la sociedad civil, sin reparar en su costo democrático.Fuente: FMI, citado en el informe.

Según WOLA (2025), Nicaragua y Venezuela encabezan esta ola regulatoria en la región, seguidos por Guatemala, Paraguay, Perú, El Salvador y Ecuador.Fuente: Washington Office on Latin America, citado en el informe.

Contraste

El informe no se queda solo en el diagnóstico

También identifica modelos regulatorios funcionales que demuestran que es posible supervisar a las OSC —incluso con exigencias legítimas de transparencia y control financiero— sin asfixiar la libertad de asociación.

Registro y disolución

Criterios objetivos y control judicial efectivo

Catálogos cerrados de causales, debido proceso y efecto suspensivo del recurso judicial frente a cualquier cancelación de personería jurídica.

ColombiaArgentina
Antilavado

Regulación basada en riesgo real, no en sospecha

Las obligaciones antilavado se aplican solo cuando existe riesgo financiero real y verificable, con exclusión expresa de las OSC de derechos humanos e incidencia.

Argentina
Transparencia

Orientada al control social, no a la censura

Las obligaciones de transparencia se vinculan al acceso a beneficios específicos —incentivos fiscales, contratación pública— y no al derecho básico de existir.

Colombia
Incidencia

Participación institucionalizada en política pública

Mecanismos formales y obligatorios de consulta previa a las OSC antes de reformas normativas que afecten el espacio cívico, con respuesta oficial publicada.

Colombia
En sus palabras

Lo que está en juego

"La represión del espacio cívico en la región ha llevado a un retroceso en el desarrollo de derechos, que ha afectado de forma particular a defensores de derechos humanos, organizaciones, periodistas e individuos ahora percibidos como opositores políticos."
— Amnistía Internacional, citada en el informe

"Nicaragua presenta el entorno más extremo, donde la supervisión no es solo de control, sino abiertamente punitiva."

Hallazgos regionales del informe

"Cualquier intento de utilizar estas normas para criminalizar la defensa de derechos humanos o la labor periodística constituye una malinterpretación técnica de los estándares internacionales."

Marco normativo internacional y estándares
Hoja de ruta

Qué debe cambiar, y quién debe cambiarlo

El informe dirige recomendaciones normativas concretas a tres actores institucionales, distinguiendo entre medidas de corto plazo y reformas estructurales.

⚖️ Poder Ejecutivo

Rápidas
  • Limitar el uso de decretos o resoluciones administrativas para regular, sancionar o cancelar OSC.
  • Publicar criterios claros, objetivos y verificables de supervisión.
  • Suspender normas que permitan cancelaciones por conceptos ambiguos como "orden público".
Estructurales
  • Incorporar los principios de legalidad, proporcionalidad y enfoque basado en riesgo.
  • Garantizar la independencia técnica de las autoridades de registro y supervisión.

🏛️ Poder Legislativo

Rápidas
  • Revisar prioritariamente las leyes que permiten cancelar OSC sin control judicial efectivo.
  • Publicar análisis de impacto de las normas restrictivas sobre el espacio cívico.
Estructurales
  • Derogar disposiciones que criminalizan o estigmatizan la cooperación internacional.
  • Armonizar la legislación antilavado con los estándares internacionales de derechos humanos.

🔎 Autoridades de control

Rápidas
  • Publicar estadísticas completas de sanciones, cancelaciones y procesos de supervisión.
  • Digitalizar integralmente los procedimientos de registro y reporte.
Estructurales
  • Garantizar recursos administrativos y judiciales con efecto suspensivo frente a sanciones graves.
  • Separar claramente el control financiero de cualquier evaluación política o ideológica.
Quiénes están detrás

Una investigación legal, no una opinión

Fundamedios

Fundamedios es una organización ecuatoriana de derechos humanos dedicada a la defensa y promoción de la libertad de expresión, la libertad de prensa, el acceso a la información pública y la integridad del espacio cívico. A lo largo de casi dos décadas ha construido una infraestructura de protección, monitoreo, documentación, análisis e incidencia para identificar amenazas contra periodistas, medios y defensores de derechos humanos.

TrustLaw · Thomson Reuters Foundation

TrustLaw, la red legal pro bono global de la Thomson Reuters Foundation, facilita asistencia legal gratuita, investigaciones y recursos a organizaciones de la sociedad civil, empresas sociales y medios independientes sin fines de lucro en más de 190 países. Esta investigación fue posible gracias a ocho estudios jurídicos que aportaron el relevamiento normativo de cada país de manera pro bono, coordinados por Robalino Abogados.

Este informe es una herramienta de incidencia

Compártelo con periodistas, tomadores de decisión y redes de sociedad civil

Cada regulación que se presenta como técnica tiene, en el fondo, una decisión política sobre cuánto espacio cívico está dispuesto a tolerar un Estado. Este informe documenta esa decisión, país por país.

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