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Ecuador

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Desinformación y nueva legislación son dos temas relevantes en el quehacer del periodismo ecuatoriano. En la actualidad, la difusión de contenidos falsos reta a los periodistas a responder con rapidez y precisión ante las audiencias; mientras tanto, también se precisa conocer el ámbito legal que envuelve al oficio, tras la entrada en vigencia de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) en febrero de 2019. Ese contexto fue la base para el taller que Fundamedios dictó a comunicadores de Manabí, provincia costera de Ecuador.

El pasado 16 de enero, César Ricaurte, director ejecutivo; y Desirée Yépez, directora de Contenidos de la organización, impartieron en Portoviejo dos jornadas donde se analizaron dichas temáticas. En un primer acto se convocó a los comunicadores institucionales en las instalaciones de la Gobernación de la provincia. Más de 20 relacionadores públicos se capacitaron en manejo de herramientas para verificar el origen de una información que no es real. 

Los asistentes coincidieron en la importancia de conocer insumos tecnológicos que faciliten las tareas de verificación, pues cada vez son más -y más potentes- las mentiras que circulan a través de la web. Un dato que valida esa impresión es que 2019 representó el año de la desinformación para Ecuador Chequea, portal de Fundamedios especializado en fact checking. En 2018 se atacó 79 mentiras, cifra que el año pasado trepó a 180. Eso implicó un aumento del 128% del trabajo de chequeo y evidenció que el uso de la información falsa no es inocente.  

Estas herramientas también se compartieron con estudiantes y docentes universitarios. Fundamedios, la Universidad San Gregorio de Portoviejo, Federación Nacional de Periodistas del Ecuador(Fenape), Federación Internacional de Periodistas (FIP), Colegio de Periodistas de Manabí y Universidad Laica Eloy Alfaro convocaron a más de 100 personas para profundizar en torno al fenómeno de la desinformación y del marco normativo que regula las tareas de la prensa en el país. 

César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, desmenuzó ocho factores clave que hay comprender sobre la LOC que en la actualidad está modificada y vigente. El cuerpo legal fue reformado en un 76% y varios de sus cambios implican las labores periodísticas. “La Ley actual es mejor que la anterior, pero aún tiene problemas porque todavía es una herramienta en manos del Estado, del poder”, enfatizó el periodista.

Las reformas de la Ley abrieron un amplio y profundo debate. Esta fue una oportunidad para intercambiar puntos de vista diversos sobre la profesión y sus regulaciones.  

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Los datos son contundentes. 2019 es el año más violento contra la prensa de lo que va la administración del presidente Lenín Moreno

Son 212 ataques contra la libertad de expresión y 373 medios, periodistas y trabajadores violentados. Para encontrar un número de agresiones equiparable hay que retroceder a 2014, al régimen de Rafael Correa cuando el aparato estatal de represión y persecución contra la prensa funcionaba a pleno. 

Fundamedios reportó un preocupante incremento de 47% de agresiones a la prensa. Pero quizás, la situación más llamativa de 2019 no es la cifra de agresiones en sí misma, sino el hecho de que entre enero y septiembre se reportaron 78 alertas, durante el mismo periodo de 2018 se emitieron 122. Es decir, se había producido una disminución del 56% en el número de agresiones.  La situación dio un giro de 180 grados en los 12 días de octubre que duró el paro nacional en rechazo a la eliminación del subsidio a la gasolina.

En ese contexto se contabilizaron 116 incidentes violentos que dejaron un saldo de 138 periodistas y trabajadores de la comunicación agredidos, 32 en un episodio de retención o secuestro masivo en un ágora de Quito. Así mismo, se reportaron 97 ataques contra las oficinas e infraestructuras de canales de televisión, prensa y estaciones radiales. Algunas tan graves como el intento de incendio de Teleamazonas. El 74% de todos los ataques contra las sedes se produjo en los mismos 12 días de octubre.

Desde 2007, año del primer registro de agresiones contra la prensa por parte de Fundamedios, no se había reportado tantos ataques reiterados a la infraestructura de los medios de comunicación como sucedió en esos días críticos. También en ese contexto, el hecho más grave por la magnitud de la afectación del derecho a la información de los ciudadanos fue el ataque a las antenas de transmisión en el cerro Pilisurco, provincia de Tungurahua (sierra norte) que dejó fuera del aire a 65 estaciones radiales y televisivas de las provincias de Tungurahua y Chimborazo y a un número todavía no contabilizado en Cotopaxi. Esto se traduce en que se afectó a 963.573 personas que viven en la Sierra Central de Ecuador. A esto se suma el desalojo de periodistas y empleados de la sede de Ecuavisa, El Universo y Medios Públicos, en la capital, por advertencias de ataques a sus instalaciones. Además se incluye la salida del aire de Radio Pichincha Universal una decisión administrativa arbitraria.

El incremento en el número de agredidos es alarmante. Se pasó de 151, en 2018 a 373, en 2019. Se trata de 222 agredidos más en los últimos 12 meses: un aumento del 247%

Cuando Lenín Moreno llegó al poder, en mayo de 2017, se dio un giro de 180 grados en la actitud presidencial hacia la prensa: se acabaron las cadenas nacionales llenas de discurso de odio, el acoso sistemático y asfixiante ejecutado a través de la Superintendencia de la Información y Comunicación, terminaron los juicios contra periodistas con sentencias dictadas en medio de las sabatinas.  Pero, en materia de las obligaciones estatales para la garantía, protección y goce de los Derechos Humanos las buenas intenciones o el dejar de practicar la persecución y acoso estatal no bastan. 

Hay que adoptar políticas para obtener avances activos y reales porque las amenazas del pasado están al acecho y listas para atacar en cualquier momento. Y eso es precisamente lo que está sucediendo. Las cifras no mienten, menos los hechos. Un año que debía terminar con una reducción de más del 50% en las agresiones contra la prensa, termina con un incremento del 47%.

Informe completo

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El Internet Governance Forum (IGF), organizado por Naciones Unidas (ONU), reúne en un espacio libre y horizontal a los implicados en el desarrollo de un Internet libre, democrático, incluyente y abierto. Este 2019, se lleva a cabo en Berlín – Alemania del 25 al 29 de noviembre. 

El pasado 15 de noviembre se llevó a cabo en Quito, Ecuador, la reunión preparatoria local, donde se sentaron las bases para la constitución de un IGF que, una vez institucionalizado, funcione como herramienta para lograr acuerdos en torno a políticas públicas dirigidas a la utilización de la red como un factor de construcción democrática y desarrollo socioeconómico. Este espacio fue coordinado por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel), Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) y Fundamedios. 

Internet y Derechos Humanos, Gobernanza Digital, Ciberseguridad, Alfabetización Digital e Internet abierto fueron los ejes para plantear recomendaciones y sugerencias. Más de 50 participantes de los distintos sectores pertenecientes al sector público, privado, sociedad civil, academia, comunidades técnicas, periodistas y medios de comunicación colaboraron en el desarrollo de los aspectos clave para encaminar al país a un proceso de transparencia y gobernanza en Internet. 

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Desirée Yépez

La voz de Edison Lanza se ha escuchado con frecuencia en Ecuador -al menos- durante el último año y medio. El uruguayo es uno de los personajes más activos en el proceso de investigación y esclarecimiento del secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra (abril 2018). El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intenta hacer frente a la impunidad que rodea la mayoría de crímenes contra periodistas.

Lanza es sereno en sus reflexiones, pero severo al afirmar que los reporteros son un blanco de ataque que el Estado debería proteger. Por eso también visitó Ecuador para enterarse de los pormenores que afectaron las coberturas del paro nacional de octubre pasado, cuando 138 comunicadores en todo el país sufrieron agresiones y vejaciones de distinta índole. Para el periodista y abogado, el crimen organizado, los gobiernos autoritarios y la crisis de la democracia son clave para entender los ataques a la prensa.

En Latinoamérica son cientos los ataques contra la prensa que se registran anualmente; al mismo, tiempo la mayoría de casos queda impune. ¿Por qué?

Es parte de un círculo donde se ha naturalizado la agresión verbal, física; incluso en algunos países se llega al extremo del asesinato y la falta de respuesta adecuada del Estado que debería ser investigar. El periodista ejerce la libertad de expresión, de prensa, informa a la sociedad y es un elemento de la democracia; por eso, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ha dicho que hay obligaciones especiales de investigar cualquier amenaza, agresión o crimen contra periodistas y sancionar a los autores intelectuales y materiales.

El periodismo bien ejercido resulta incómodo para los distintos poderes. ¿Cómo enfrentar el crimen contra periodistas cuando -de hecho en muchos países- el sistema está corrupto, el sistema de justicia está corrupto?

Hay muchos temas que no están aislados respecto a la violencia contra periodistas. La impunidad tiene que ver con que somos una de las regiones con mayores índices en general, cualquier crimen o delito queda impune, sin duda. Por eso mismo hay que analizar las situaciones, exigir a los Estados que, si quieren ser considerados como una democracia plena y hay violencia estructural contra periodistas, se debe contar con un mecanismo de protección específico y fiscalías especializadas para terminar con este flagelo que es uno de los problemas más graves de libertad de expresión.

Cuando se habla de mecanismos de protección es posible citar el caso de México que cuenta con uno pero es -en Latinoamérica y en el mundo- uno de los países más mortíferos para la prensa. ¿Por qué esa paradoja?

Antes de que existiera el mecanismo de protección ya teníamos una crisis de violencia contra periodistas sin precedentes vinculada a la presencia del crimen organizado en distintas regiones donde este manda, intenta mandar o coopta autoridades. Es una situación excepcional. En ningún otro país de la región tenemos 20 asesinatos por año. El mecanismo de protección surge como una respuesta a esa situación crítica que hasta que no se resuelva el problema global de violencia seguirá afectando a periodistas, lamentablemente, porque son quienes alertan.

El mecanismo de México estuvo muy mal implementado inicialmente, pero hoy hay más de 200 periodistas con protección, de los cuales un porcentaje pequeño de personas que estaban protegidas igualmente fueron asesinadas. En ese sentido es un avance. El mecanismo es perfectible, hay que seguir invirtiendo, se necesita articulación a nivel estatal. El problema es que la situación de violencia estructural e impunidad sigue en México.

En Ecuador en 2018 se vivió el asesinato de tres periodistas en ejercicio de la profesión vinculado directamente al Frente Óliver Sinisterra, relacionado al crimen organizado. ¿Cuál fue el avance del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la CIDH en ese caso?

El ESE cumplió su cronograma de trabajo. Hemos hecho tres visitas a Ecuador, dos a Colombia; procesamos una cantidad de información a la cual accedimos y redactamos un informe final que se envió en consulta a los Estados. Ya tenemos una versión que se presentará públicamente en los próximos 30 días*.

Presentar el documento este 2019 para mí era un compromiso. Hemos hecho las gestiones para eso.

¿Cuáles han sido las complicaciones en el momento de querer hacer público el informe?

Hay que tener la perspectiva de que en la historia de la CIDH y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE) es el primer caso donde se hace una investigación paralela a la que desarrolla el Estado en el mismo momento. Eso implica algunas complejidades para el Estado, para los órganos de justicia, que no negamos. En el mismo momento en que ellos recolectan información nosotros estamos mirando. Si nosotros revelamos alguna de esas pruebas que todavía está reservada, se genera una complicación. El objetivo en este caso es acompañar, no dictar una resolución definitiva sobre la actuación del Estado.

Tuvimos un acceso importante a todo, pero hay restricciones hacia algunos documentos que el Estado considera que todavía están bajo reserva; no es que no los hayamos podido ver, pero nos solicitan que no sean revelados mientras las investigaciones avancen y lleguen a audiencia. Hemos tratado de hacer una versión que contenga los hallazgos, recomendaciones y consideraciones que deben haber en la investigación.

¿Como Relatoría están satisfechos con el resultado del documento?

Sí. Hay que esperar a presentarlo, que los familiares de las víctimas tengan conocimiento, que hagan una valoración, que la prensa pueda hacer una valoración… Estamos tranquilos porque hemos hecho todo el esfuerzo por hacer un trabajo en favor de las víctimas y para satisfacer las demandas de información de los familiares.

En la más reciente crisis que vivió Ecuador a inicios de octubre pasado, uno de los hechos que llamó la atención fue el impedimento para realizar coberturas tanto desde la fuerza pública como de los manifestantes, de la sociedad civil. ¿Cómo entender el rechazo que existe ahora mismo hacia la prensa, ya no únicamente desde el poder oficial, sino de la ciudadanía como tal?

Hay una gran polarización de la sociedad. Toda esa retórica y ataque permanente que recibió la prensa durante los 10 años de (Rafael) Correa, mucha gente -que legítimamente defiende el gobierno de Correa- ha incorporado esa narrativa de prensa corrupta y se dice a la ligera; eso genera un clima de hostigamiento injusto. La mayor parte de los medios cubrieron las protestas, los lesionados, los discursos, las reivindicaciones del movimiento indígena… El objetivo de los medios de comunicación, de los periodistas, es informar, hacer su trabajo profesionalmente, cumplir con el derecho a saber, controlar el gobierno -cualquiera que sea-.

Cuando baje la espuma, en Ecuador debería haber una discusión entre todos los actores de las manifestaciones; incluso con el Estado porque el mecanismo de protección no funcionó en esta instancia.

La desconfianza en el trabajo de la prensa ha abonado el terreno para que procesos de desinformación surjan con fuerza…

Este fenómeno afecta el debate público, el derecho de la ciudadanía a saber, ensucia la esfera pública y hay que tener una serie de estrategias que implica a varios actores. No queremos volver a generar tipos penales para penalizar posible difusión de “fake news”.

Una ley no es el camino…

Por lo menos no una ley sobre sanción o responsabilidades para quien difunda o produzca este tipo de contenidos. Quien produce lo hace en el anonimato, trata de esconderse y es difícil de encontrar en tiempo real… El derecho penal no es la herramienta para ningún fenómeno de comunicación ni de expresión, salvo el discurso que incita a la violencia. Las plataformas digitales deben tener políticas para hacer frente a este fenómeno, que es muy propio de las redes sociales; y es necesario que el Estado dé información veraz e informe sobre políticas, lo que hace y va a hacer.     

 

*La CIDH confirmó que el próximo 10 de diciembre presentará el informe.

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El libro “La Difícil Transición desde un Gobierno Autoritario: 10 años son muchos”, que recopila hechos sociales, jurídicos y económicos durante el régimen de Rafael Correa y la transición hacia un nuevo período presidencial, fue presentado ayer, 25 de junio, en el auditorio del Consejo Nacional Electoral.

El libro, que consta de cuatro capítulos escritos por Gloria Ardaya, Alejandro Molina, Luis Verdesoto Custode, Alejandra Cárdenas Reyes, César Ulloa – Tapia y Fausto Camacho, es parte de una serie de publicaciones de la Plataforma Democracia y DDHH.

La socióloga y autora Gloria Ardaya explicó que una de las motivaciones que la llevó a escribir uno de los capítulos, fue dejar testimonio de una época autoritaria y, además, ser un aporte para consolidar la democracia en el país. “El Estado personificado en la figura del expresidente no garantizó la gobernabilidad, no solo por la judicialización de la política, sino porque el mandatario no aplicó sus propios planes de gobierno”, aseguró la experta.

El juez de la Corte Constitucional y catedrático, Ramiro Ávila, quien participó en el panel de discusión, se refirió al aspecto jurídico del libro. Dijo que en la época pasada se crearon “reformas en todas las instancias de la vida”. A su criterio, el Código Integral Penal fue uno de los instrumentos legales más importantes para penalizar, callar y sancionar.

El jurista explicó que solo en esos diez años se presentaron 60 mil actos de carácter administrativo, que representaron un 25% del total de actos presentados durante toda la vida republicana ecuatoriana.

El capítulo del libro que analiza la democracia en Ecuador, fue presentado por la académica Solanda Goyes, quien aseguró que las cuatro elecciones consecutivas y el apoyo de la mayoría de la bancada legislativa entregó mucho poder al Ejecutivo para imponer cualquier reforma. Esto, sumado a los altos réditos del petróleo y la politización de la justicia, fortalecieron la imagen del correísmo.

Una imagen que luego de la transición al gobierno de Lenín Moreno se vio debilitada por el nuevo rumbo político que ya no era afín a la década anterior.

Goyes destacó que los casos destapados de corrupción, de cambio de leyes, de tensiones internas en el partido, terminaron por resquebrajar al Estado. “Lo más complejo es que terminamos sin una visión de país y de estado nación”, sostuvo.

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¿Cómo queda internamente el periodismo ecuatoriano después de 10 años de persecución y acoso? ¿Qué tan afectado o fortalecido? César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, planteó la pregunta. La interrogante fue el inicio del debate en torno a ética, transparencia y rendición de cuentas.

En el encuentro, desarrollado la noche de este 23 de mayo en la Universidad Andina Simón Bolívar, participaron Tomás Ciuffardi (Ecuavisa), Christian Zurita (Mil Hojas), Janet Hinostroza (Teleamazonas) y Juan Carlos Calderón (Plan V). Todos coincidieron en que este es un momento importante para mirar el oficio hacia adentro, para cuestionarlo.

¿Qué papel jugamos como periodistas en este momento histórico del país? Replanteó el Presidente del Directorio de Fundamedios. Calderón reconoció que en Ecuador existen reporteros que hacen activismo político. He ahí la importancia de entender que el valor del oficio es permanente: ¨el periodista es un mediador entre los hechos y la gente¨, sentenció.

¨Nos correízamos de una manera brutal: nos hemos convertido en lo que tanto odiamos¨, rechazó la conductora de Los Desayunos de 24 Horas. Hinostroza considera que durante el gobierno de Rafael Correa hubo censura, presión, imposición de temas; pero preocupa que ahora ¨los periodistas son quienes hacen eso: censuran, presionan y definen qué cubrir o no¨. Y dio detalles de su cobertura a la gestión de la excanciller María Fernanda Espinosa, actual presidente de la Asamblea General en la ONU; cobertura que desató controversia entre quienes hacen periodismo.

El reportero de Visión 360 enfatizó en que hay historias que deben ser contadas, pero la crítica legítima que se debe recibir de la audiencia se ha transformado en un ¨circo tóxico de Twitter. Estamos en un circo tuitero en que un periodista que muestra la cabeza de un funcionario es un héroe y quien no lo hace es un cobarde. ¿Por qué los periodistas nos convertimos en noticia?¨, cuestionó Ciuffardi.

¨Los periodistas y los medios no están haciendo su trabajo, existen condiciones de autocensura que hacia 2007 no existía¨, indicó el coautor del libro El Gran Hermano. Para Zurita, el proceso de recuperar una agenda propia tomará todavía un buen tiempo.

Ricaurte concluyó que la ética no puede ser usada como una herramienta para juzgar a nadie, es una brújula que ayuda a enfrentar los dilemas diarios que comprende el oficio periodístico. Anunció que este será el primero de algunos encuentros de reflexión.

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FUNDAMEDIOS y la FUNDACIÓN MIL HOJAS presentaron este 16 de mayo el informe sombra sobre el acceso a la información pública en Ecuador. La garantía de ese derecho está vinculado al objetivo 16.10.2, incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

En el reporte, que se enviará a Unesco, se observa el cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lotaip), que data de 2004. Para ello, se desarrollaron cinco ejes de análisis:

  • Contexto: Información que se desprende de los informes de gestión de la Defensoría del Pueblo
  • Comparativo: Avances/Retrocesos entre los dos últimos períodos
  • Cumplimiento del Plan Estratégico que incluye en su objetivo 8 la transparencia
  • Estándares Internacionales y Lotaip
  • Casos emblemáticos

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determina que la ley debe garantizar el acceso efectivo y más amplio posible a la información pública. En ese contexto, la Lotaip no funciona en los términos establecidos en el estándar internacional.

En Ecuador, el desconocimiento de las autoridades sobre el derecho de acceso a la información es notorio. Además, los mecanismos administrativos, burocráticos y el sometimiento de las solicitudes de acceso a calidad de trámite físico, a pesar de las nuevas tecnologías, es vulneratorio. Se requiere con urgencia regulación expresa y actualizar el marco normativo.

César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, afirmó que la “cultura del ocultamiento y del secretismo” que se impuso durante la década pasada se mantiene. En ese contexto, el periodista Juan Carlos Calderón, presidente de la organización, insistió en que “La primera condición para luchar contra la corrupción es la transparencia, el acceso a la información”; e instó al Gobierno a cumplir la Lotaip. “Sin acceso a información no podemos tomar decisiones. Eso merma la calidad de la democracia”, añadió Martha Roldós, directora de MIL HOJAS. 

En 2018, la Defensoría del Pueblo creó cinco estrategias para que la Ley se cumpla: 1) un documento que recopila estándares internacionales y contenidos mínimos esenciales respecto de este derecho; 2) se planteó que las solicitudes sean físicas y electrónicas; 3) se incorporó el enfoque de Derechos Humanos, género y diversidades; 4) se ordenó que las entidades del sector público implementen programas de difusión y capacitación del derecho de acceso a la información; 5) se planteó que se cumpla el objetivo 8 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021.

Sin embargo, ha  resultado insuficiente. El trabajo de los periodistas en Ecuador se ha visto afectado por el ocultamiento de datos. La negativa expresa o tácita de entregar información pública, como queda anotado en este informe, impide el ejercicio de otros derechos, como la participación ciudadana en la toma de decisiones en actos y resoluciones de interés público. También da paso a la corrupción, pues se carece de transparencia.

Informe español

Informe en inglés

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Este 08 de mayo, el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación y FUNDAMEDIOS firmaron un convenio de cooperación interinstitucional para la coordinación de  actividades de capacitación, apoyo con asistencias técnicas y colaboración en publicaciones relacionadas al ámbito de la comunicación.

Galo Cevallos Mancheno y César Ricaurte oficializaron este documento que permitirá la generación conjunta de espacios de debate, reflexión y sensibilización sobre el ejercicio de los derechos de la comunicación e información. Conversatorios, seminarios y paneles son parte de las acciones que se desarrollarán en beneficio de la ciudadanía.

El Director Ejecutivo de FUNDAMEDIOS explicó que este trabajo conjunto se enmarca en dos principios: el respeto al derecho humano de la libertad de expresión y aportar desde la sociedad civil para la creación de políticas públicas. Por su parte, el Presidente del Consejo enfatizó en que se fortalecerá la institución a partir de una experiencia que es testimonio de la resistencia ante las amenazas al sistema democrático.

En este marco, basado en las competencias que le determina la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), el Consejo  se compromete a disponer de los recursos logísticos y técnicos que estén a su alcance para cumplir con este acuerdo.  Por su parte, FUNDAMEDIOS pondrá a disposición su equipo de especialistas y facilitadores para el desarrollo pertinente de las actividades convenidas.

Esta clase de convenios buscan aunar esfuerzos, entre entidades públicas y la sociedad civil, para avanzar en la profesionalización de los trabajadores de la comunicación y, en general, en la formación ciudadana en temas de derechos. Con esto se espera contribuir a mantener un ambiente de diálogo y participación donde la libertad de expresión sea pilar de un país en democracia.

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En diciembre de 2018, la Mesa por la Verdad y la Justicia presentó un informe en que se determina cómo el Poder Judicial se utilizó como aparato de represión política durante el régimen de Rafael Correa. La iniciativa fue impulsada por el Consejo de la Judicatura (CJ) Transitorio y trabajó en cuatro ejes: Derechos Humanos y defensa de la naturaleza, libertad de expresión, pueblos y nacionalidades indígenas y 30S.

De ahí se desprende que hubo un patrón general de persecución sistemático y continuo para impedir cualquier disidencia y crítica a las políticas a través de la judicialización. Esto, acompañado de una estrategia de comunicación sostenida en el mensaje de oposición sinónimo de “enemigo del pueblo”. También se usó la figura del indulto y el pedido de disculpas públicas para otorgar “perdonar” y archivar procesos.

FUNDAMEDIOS fue una de las organizaciones que brindó apoyo técnico en las distintas etapas del proceso que concluyó en la necesidad de que se otorgue a las víctimas las  reparaciones morales necesarias, pues las operaciones de persecución política del anterior Gobierno causaron daños a familias enteras.

Inexplicablemente, el nuevo Consejo de la Judicatura no ha querido recibir el informe, menos aún lo ha tratado o anunciado medidas de reparación y memoria, tal como corresponde a las responsabilidades que tienen los Estados (en sus distintas funciones) con las víctimas de violaciones a Derechos Humanos.

La Mesa, integrada por Paúl Jácome, presidente, Alejandra Cevallos, vicepresidenta, Vladimir Andocilla, Rolando Tapia y Manuel Castillo, recibió 1435 denuncias. 247 cumplieron con los requisitos de completar el formulario habilitado y adjuntar la documentación de respaldo. A pesar de lo contundente de los datos, cuando el CJ definitivo se posesionó, en enero pasado, el informe perdió relevancia, ni se realizó un acto público para recibir el documento. Los representantes de la Mesa lo dejaron en la ventanilla de recepción del edificio, en Quito.

Es obligación del Poder Judicial analizar la información recopilada en dicho análisis, que se sostiene en los criterios de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es su responsabilidad diseñar mecanismos de reparación y no repetición hacia quiénes fueron perseguidos políticos a través de la justicia.

FUNDAMEDIOS exige que las conclusiones de la Mesa por la Verdad y la Justicia no se conviertan en palabra muerta. Periodistas, activistas, opositores, defensores de la naturaleza y Derechos Humanos no pueden ser nuevamente víctimas de persecución política, a través del sistema judicial ecuatoriano. Estaremos vigilantes.

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Las ocho organizaciones internacionales de Derechos Humanos que conforman Voces del Sur (VDS) presentarán este 2 de mayo, en Quito, el informe sombra sobre libertad de expresión en América Latina. El documento recoge 734 agresiones a la prensa en ocho países en 2018.

El proyecto VDS nació en julio de 2017 con el objetivo de apoyar iniciativas para promover y mejorar las protecciones de la libertad de expresión en la región, aumentar la capacidad de las redes de la sociedad civil en cada país y establecer nuevas formas de coordinación y colaboración junto a los sistemas de Derechos Humanos interamericanos y de las Naciones Unidas. Agrupa a Fundamedios (Ecuador), Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Perú), Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela), Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), Comité por la Libre Expresión (C-Libre Honduras) y Centro de Archivos y Acceso a la Información (CAinfo Uruguay).

Las organizaciones desarrollaron un conjunto de 12 indicadores comunes para monitorear y comparar la libertad de prensa y expresión en la región, vinculados al objetivo 16.10.1, incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU; el mismo que protege los derechos de los periodistas y medios de comunicación a realizar su trabajo sin enfrentar violencia, amenazas o intimidación.

En 2018 los patrones de extrema violencia, impunidad y políticas autoritarias hacia los periodistas se mantuvieron en la mayor parte de países de América Latina.

El informe sombra denuncia que el año pasado seis periodistas fueron asesinados, ocho secuestrados y dos torturados en América Latina. Nicaragua es el país con más amenazas, pues la crisis política ha derivado en una persecución sistemática contra la prensa.

También se especifica que los actores estatales, u otros con vínculos directos a las estructuras del poder político o económico, son los principales perpetradores de ataques y amenazas contra la libertad de expresión y prensa en el continente.

El documento completo se entregará este jueves 2 de mayo en las instalaciones de Fundamedios, José Padilla N330 y Núñez de Vela, edificio Platinum Oficinas.