En diciembre de 2018, la Mesa por la Verdad y la Justicia presentó un informe en que se determina cómo el Poder Judicial se utilizó como aparato de represión política durante el régimen de Rafael Correa. La iniciativa fue impulsada por el Consejo de la Judicatura (CJ) Transitorio y trabajó en cuatro ejes: Derechos Humanos y defensa de la naturaleza, libertad de expresión, pueblos y nacionalidades indígenas y 30S.
De ahí se desprende que hubo un patrón general de persecución sistemático y continuo para impedir cualquier disidencia y crítica a las políticas a través de la judicialización. Esto, acompañado de una estrategia de comunicación sostenida en el mensaje de oposición sinónimo de «enemigo del pueblo». También se usó la figura del indulto y el pedido de disculpas públicas para otorgar «perdonar» y archivar procesos.
FUNDAMEDIOS fue una de las organizaciones que brindó apoyo técnico en las distintas etapas del proceso que concluyó en la necesidad de que se otorgue a las víctimas las reparaciones morales necesarias, pues las operaciones de persecución política del anterior Gobierno causaron daños a familias enteras.
Inexplicablemente, el nuevo Consejo de la Judicatura no ha querido recibir el informe, menos aún lo ha tratado o anunciado medidas de reparación y memoria, tal como corresponde a las responsabilidades que tienen los Estados (en sus distintas funciones) con las víctimas de violaciones a Derechos Humanos.
La Mesa, integrada por Paúl Jácome, presidente, Alejandra Cevallos, vicepresidenta, Vladimir Andocilla, Rolando Tapia y Manuel Castillo, recibió 1435 denuncias. 247 cumplieron con los requisitos de completar el formulario habilitado y adjuntar la documentación de respaldo. A pesar de lo contundente de los datos, cuando el CJ definitivo se posesionó, en enero pasado, el informe perdió relevancia, ni se realizó un acto público para recibir el documento. Los representantes de la Mesa lo dejaron en la ventanilla de recepción del edificio, en Quito.
Es obligación del Poder Judicial analizar la información recopilada en dicho análisis, que se sostiene en los criterios de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es su responsabilidad diseñar mecanismos de reparación y no repetición hacia quiénes fueron perseguidos políticos a través de la justicia.
FUNDAMEDIOS exige que las conclusiones de la Mesa por la Verdad y la Justicia no se conviertan en palabra muerta. Periodistas, activistas, opositores, defensores de la naturaleza y Derechos Humanos no pueden ser nuevamente víctimas de persecución política, a través del sistema judicial ecuatoriano. Estaremos vigilantes.