REFORMAS LOC

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Este 17 de abril, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional debatió el informe enviado por el Ejecutivo que reforma el artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), que se refiere al concepto de “medios de comunicación social”. El texto, modificado en febrero pasado, declaraba a la comunicación como un servicio público y consideraba en su competencia de regulación a los medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y video por suscripción. La propuesta del Ejecutivo fue declararla un derecho.

Los 10 asambleístas que conforman la Comisión votaron a favor del informe del Ejecutivo y aprobaron declarar a la comunicación como un derecho universal. A pesar del avance que este reconocimiento representa, la asambleísta Jeannine Cruz aclaró a FUNDAMEDIOS que la Asamblea todavía tiene que pulir varios puntos relacionados a la LOC, entre ellas el artículo 98 relacionado a los productores audiovisuales.

FUNDAMEDIOS se congratula ante esta decisión que se ajusta a los estándares internacionales de Derechos Humanos que han enfatizado que la comunicación es un derecho individual, sin el cual se negaría la primera y más importante de las libertades: el derecho a pensar por cuenta propia y a compartir con otros nuestro pensamiento; además de ser la base social para mantener y consolidar una sociedad democrática.

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La Ley Orgánica de Comunicación (LOC), aprobada el 23 de junio de 2013, fue el dispositivo más sofisticado que tuvo el régimen autoritario de Rafael Correa para tratar de dominar y someter a los medios de comunicación independientes y al periodismo libre del país.

¿Cuál es el balance de la vigencia de la LOC para la libertad de Expresión? Más de 800 procesos en contra de periodistas y medios. Más de 500 sanciones para tratar de disciplinar a los medios y controlar no solo lo que decían, sino lo que no decían o lo que decían terceras personas que se expresaban a través de la prensa.

Ningún demócrata puede defender un instrumento de esta naturaleza. Los caminos para su desmontaje, eso sí, han marcado diferencias: algunos han planteado la derogatoria. Respetable punto de vista. Desde nuestra perspectiva, era mucho más apegado a la realidad intentar una reforma profunda y, creemos, que lo aprobado este 14 de febrero en la Asamblea Nacional va en esa línea, aunque no nos satisface del todo.

La brújula, lo dijimos, son los estándares internacionales y todavía quedan puntos en los cuales las reformas quedan debiendo. Por eso, llamamos a plantearnos desde ya una segunda generación de reformas que terminen por desmontar la estructura institucional y legal del correísmo y signifiquen avances significativos en materia de derechos y libertades fundamentales.

Nos congratulamos de que hayan existido sectores para quienes la Ley Orgánica de Comunicación significó ganancias y avances, como el de la industria audiovisual. Esta realidad, no la debemos desconocer. Sin embargo, invitamos a los ganadores de todos estos años para que piensen en el país de largo plazo y planteen alternativas a un proteccionismo total del sector.

No creemos lo mismo del sector comunitario. Pese a la lírica incluida en la Ley y en los discursos oficiales, el sector comunitario fue uno de los perdedores de la vigencia de la LOC. Por lo tanto, es difícil entender, más allá de factores ideológicos, la defensa a ultranza de la situación creada por el correísmo. Quedan para la valoración histórica el respaldo a la aprobación de la LOC en 2013 y su oposición a las reformas de 2019.

En todo caso, invitamos abiertamente a todos los sectores a despojarse de intereses y caretas ideológicas para pensar en el Ecuador del mañana y avanzar en las reformas legales e institucionales necesarias para recuperar plenamente la libertad de expresión y que implican leyes como:

Código de la Democracia
Ley de Participación Ciudadana
Ley Antimonopolio
Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información
Creación de la Ley del Sistema de Medios de Servicio Público
Creación de la Ley de Publicidad Oficial

Así mismo, creemos que se debe dar pasos decisivos para la creación de mecanismos de protección al trabajo periodístico, dónde se refleja la responsabilidad estatal, la colaboración de la sociedad civil y la corresponsabilidad de medios de comunicación y periodistas.

En definitiva, hoy se ha dado un gran paso, pero aún debemos dar muchos más en el camino para que en el Ecuador tengan plena vigencia las libertades de expresión y prensa.

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Este 24 de enero, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea analizó y se pronunció en torno al veto del presidente Lenín Moreno a las reformas de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Con cinco votos a favor y dos abstinencias se aprobó el informe sobre la objeción parcial a las modificaciones del Ejecutivo. La Comisión se allanó a 20 artículos y pidió ratificar el texto original en el pleno sobre seis objeciones restantes.  

La ratificación se pide en los artículos sobre:

  • Integración, designación y atribuciones del CORDICOM, donde el Ejecutivo sugiere que los funcionarios sean designados directamente y donde existirían representantes de: Función Ejecutiva, Consejos Nacionales de Igualdad, Consejo de Participación Ciudadana, Control Social, Gobiernos autónomos Descentralizados y un Defensor del Pueblo.
  • Responsabilidad solidaria de medios de comunicación
  • Acciones afirmativas para medios comunitarios
  • No derogación del Artículo.98, sobre producción audiovisual nacional

Esta última ha generado un debate fuerte al interior de la Comisión y entre la ciudadanía. En ese contexto, el asambleísta Jorge Corozo sostuvo que “es importante la preocupación de arte de medios audiovisuales. Tenemos dos opciones, allanarnos o votar en contra. En el Pleno tendremos nuevamente la oportunidad de discutir”. César Carrión expresó que es una necesidad apoyar, incentivar y defender la producción nacional. “Este proyecto tiene que defender las empresas nacionales, no basta con un articulado”, acotó Jeannine Cruz. Durante la votación del Artículo.98 hubo seis votos en contra y tres a favor.

Los Legisladores solicitaron que, cuando se presente el informe no vinculante ante el Pleno, se mocione que la votación sea artículo por artículo o en dos bloques: allanamientos y ratificaciones.

 

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Los relatores para la Libertad de Expresión, David Kaye, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); y Edison Lanza, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), firmaron una carta conjunta dirigida al al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador. En el documento, con fecha 11 de enero de 2018, se pronuncian en torno a la aprobación del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), en la Asamblea Nacional.

Kaye y Lanza felicitan algunos avances en la Legislación. Pero, además, exponen sus recomendaciones para realizar cambios o enmiendas en artículos específicos que, dado el veto presidencial, serían aprobados e implementados.

El articulado al cual se refieren es:

  • Art.16 sobre el derecho de rectificación o respuesta
  • Art.42 sobre la titulación obligatoria
  • Art.89 sobre asignación de frecuencias para radio y televisión abierta así, como la renovación automática de las mismas.

En la misiva, los relatores también expresan un apoyo firme al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas. “Saludamos que la Ley de Comunicación reconozca los riesgos provenientes de diversas fuentes que enfrentan las y los periodistas al realizar sus labores. Reiteramos que el asesinato de los tres periodistas ecuatorianos en abril, Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, desveló las deficiencias en los protocolos establecidos para garantizar la protección para periodistas y el acceso a la información, especialmente por parte de familias durante crisis como secuestros o desapariciones”, firmaron.

Edison Lanza y David Kaye visitaron Ecuador, en agosto y octubre de 2018, respectivamente. Durante sus visitas oficiales, ambos presentaron sus observaciones frente al proyecto de reformas a la LOC que en ese entonces se trabajaba en la Comisión de Derechos Colectivos del Legislativo. Actualmente, se espera el resultado del veto de Lenín Moreno, el cual podría presentarse hacia el próximo 18 de enero.

Carta:  https://bit.ly/2Mdjpvc

 

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Hace ocho meses, el Gobierno de Lenín Moreno remitió un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Uno de los dispositivos más sofisticados que había construido el régimen autoritario de Rafael Correa para tratar de acallar al periodismo libre, arrinconar a las empresas mediáticas, evitar cualquier tipo de investigación sobre la corrupción y construir un relato único acerca de la trascendencia mesiánica de su personalidad.

Era ineludible, entonces, para un Gobierno que inició un camino complejo de transición hacia la democracia, desmontar la principal herramienta para el cercenamiento de las libertades y derechos fundamentales.

El camino elegido fue la presentación de un paquete de reformas en las cuales FUNDAMEDIOS y varios sectores de la sociedad civil trabajamos conjuntamente con técnicos del Gobierno, asambleístas y sus asesores pensando en contar con una legislación que cumpla con los estándares internacionales.

Durante el tratamiento de la Ley nos unimos a otros sectores de la sociedad, la Asamblea y el Ejecutivo en la organización de diálogos, foros, talleres, mesas de trabajo para convertir las reformas en un debate social amplio que saliera del Palacio Legislativo.

Por ese esfuerzo desplegado, nos congratulamos con las reformas aprobadas la noche de este 18 de diciembre. Como país hemos podido desmontar el sistema punitivo más represivo de la Región en materia de libertad de prensa. Eso es, básicamente, el gran logro de estas reformas.

Sin embargo, creemos que aún no se cumple plenamente el objetivo de respetar integralmente los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Hay mucho por hacer e invitamos a todos los sectores democráticos del país: a medios de comunicación comunitarios, públicos y privados, a periodistas, sus agrupaciones y gremios, a la sociedad civil, a la academia y a las instituciones estatales del Ejecutivo, Legislativo y operadores de Justicia para unir esfuerzos y avanzar en la implementación de la nueva Ley de Comunicación vía la construcción de sólidos sistemas de autorregulación.

Al tener en mente la nefasta experiencia que significa entregar a los gobiernos la potestad de decidir sobre la calidad y contenidos del periodismo, debemos responder a las expectativas de los ciudadanos sobre la calidad, transparencia y capacidad de diálogo social de los medios.

Debemos, al mismo tiempo, trabajar con jueces y fiscales para que puedan tener la capacidad de aplicar los estándares internacionales. Debemos aportar en la revisión de los procesos de la Superintendencia de la Información y la Comunicación (Supercom) para decir “nunca más” abusar de las leyes para violar derechos y libertades. Debemos avanzar en un mecanismo efectivo de protección al trabajo periodístico. Hay muchas cosas por hacer.

Al mismo tiempo, es preciso observar que hay varias reformas legales más que se deben afrontar para desmontar del todo el régimen autoritario: Ley de Elecciones, Ley Antimonopolio, Ley de Participación Ciudadana, Código Penal. Y avanzar en normativas vitales como la de Medios Públicos, Publicidad Oficial, Protección de Datos Personales, Acceso a la Información.

El 18 de diciembre supone un hito que nos llena de satisfacción, pero la tarea es aún larga y estamos decididos a aportar desde todas las perspectivas.

Este 18 de diciembre, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Con 107 legisladores presentes, 75 (Alianza PAIS, Creo, Partido Social Cristiano, Suma e independientes) votaron a favor; 25, de Revolución Ciudadana, en contra y siete se abstuvieron.

En total, se derogaron 14 artículos y se reformaron 64, un capítulo y dos secciones transitorias.

Como parte de las modificaciones se eliminaron las normas deontológicas impuestas desde el Estado, así como la figura de linchamiento mediático; también se dio un plazo de 180 días para que la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) desaparezca. Al artículo 42, sobre la exigencia del título para el ejercicio periodístico, se agregó un inciso cuya finalidad es dar protección a los profesionales:  

“Art.42.1 Protección a los trabajadores de Comunicación:
El Estado, los medios de comunicación, protegerán a los trabajadores de comunicación que, por sus actividades profesionales, su vida esté en riesgo, para lo cual el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la información y Comunicación (Cordicom), elaborará y coordinará, con las instituciones respectivas, políticas públicas, protocolos, proyectos, planes y programas.

Se entenderá por actividades de riesgo entre otras:
a) Producción, tráfico, transporte, almacenamiento o comercialización de estupefacientes;
b) Contrabando de mercaderías
c) Trata de personas; y
d) Corrupción

El Estado dispondrá los recursos económicos, materiales y humanos para este fin”.

Durante ocho horas de sesión, 32 asambleístas intervinieron y dieron sus observaciones. Minutos antes de la votación final, Jorge Corozo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos que trabajó las modificaciones, anunció que se incluyó una disposición que permite, por única vez, la renovación automática de frecuencias de radio y televisión en un plazo de 60 días.

En ese contexto, la bancada de la Revolución Ciudadana se opuso a la medida e intentó presentar un informe de minoría que no fue aprobado por Jorge Corozo. La asambleísta Marcela Holguín expresó su descontento y expuso que “el propósito era mejorar, actualizar y corregir, pero nunca disminuir los derechos ciudadanos o, peor aún, derogar la ley. Es absolutamente inconstitucional, esto es mandato del pueblo ecuatoriano en las urnas, no se puede derogar. De aprobar, estaríamos dando paso a una ley punitiva que deja en indefensión a los ciudadanos”.

El documento será enviado al Ejecutivo para su revisión y veto, antes de ser publicado en el Registro Oficial.

FUNDAMEDIOS, Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom), Defensoría del Pueblo, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y la Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG) desarrollaron un ciclo de encuentros con periodistas, estudiantes, abogados, asambleístas, representantes de medios de comunicación privados, públicos y comunitarios para aportar e incidir en el debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Esta iniciativa interinstitucional tuvo por objetivo recoger las reflexiones de distintos sectores de la sociedad para sumar a la construcción de un cuerpo legal que garantice el principio fundamental de la libertad de expresión.

Entre octubre y noviembre de 2018, en Quito y Guayaquil, se llevaron a cabo los diálogos ‘¿Qué opinan los periodistas sobre las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación?’. Cada uno de los foros contó con un promedio de 50 asistentes.   

Además, se contó con una variada lista de expositores y facilitadores que guiaron la discusión y los aspectos más relevantes a tomar en cuenta en el proceso de modificaciones:

Academia:

  • César Carrión
    Decano de la Facultad de Comunicación de la PUCE
  • Carlos Aulestia
  • Subdecano de la Facultad de Comunicación de la PUCE
  • Efraín Luna
    Director de la carrera de Comunicación de la UCSG

Asamblea Nacional

  • Jeannine Cruz
  • Asambleísta
  • Vladimir Andocilla
    Asesor de la Comisión de Derechos Colectivos

Sector Público

  • Édison Toro
  • Superintendente de Comunicación e Información
  • Danilo Sylva
    Expresidente del Cordicom
  • Luis Holguín
  • Consejero del Cordicom. Representante por los Consejos de Igualdad
  • Rosario Utreras
  • Consejera del Cordicom. Representante por la Defensoría del Pueblo
  • Paulina Murillo
  • Delegada de la Defensoría del Pueblo
  • Marco Pacheco
    Coordinador Zonal de la Defensoría del Pueblo

Sociedad Civil, Medios de Comunicación y Periodistas

  • César Ricaurte
    Director Ejecutivo Fundamedios
  • Desirée Yépez
    Directora de Contenidos Fundamedios
  • Mauricio Alarcón
    Director Ejecutivo Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD)
  • Marco Encalada
    Gerente de la Fundación Oikos
  • Fred Larreátegui
  • Abogado en libre ejercicio
  • Francisco Rocha
  • Presidente Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep)
  • Guadalupe Fierro
    Presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP)
  • Carlos Rojas
    Periodista de Ecuavisa
  • Ana María Acosta
    Coordinadora de la Fundación El Churo
  • Martha Roldós  
  • Directora Fundación Mil Hojas
  • Juan Manuel Yépez
  • Director de Contenidos Gráficos Nacionales (Granasa)

Los diálogos se desarrollaron como un espacio eminentemente democrático. En el debate se determinaron roles y competencias de cada institución para garantizar el derecho a la comunicación.

El trabajo con distintos sectores de la sociedad civil, gremios periodísticos, medios de comunicación, periodistas y academia partió del objetivo de que cualquier reforma que se apruebe respete y garantice la libertad de expresión. El resultado de dichos encuentros se resumió en un documento que fue entregado a los legisladores que este 18 de diciembre debatirán la aprobación de las modificaciones que deben ajustarse a los estándares internacionales.

 

 

Este jueves 13 de diciembre, FUNDAMEDIOS, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) y la Universidad de las Américas (UDLA) coorganizaron el foro ‘Periodismo, transparencia y democracia’.

El encuentro, dividido en dos paneles, se inició con la discusión en torno al periodismo como una herramienta para combatir la corrupción. En la conversación, moderada por el periodista Iván Flores, intervinieron Juan Carlos Calderón, director de la revista Plan V y presidente de Fundamedios; Christian Zurita, editor en Fundación Mil Hojas; y Mónica Almeida, coordinadora de la Unidad de Investigación de diario El Universo.

Calderón indicó que el periodismo implica un compromiso con los hechos y la información que se entrega a las personas. En ese sentido, mencionó que en el ejercicio de la investigación no solo existen problemas legales, sino la precariedad financiera con que funcionan los medios.

“La Ley de Comunicación se va a ir desmantelando poco a poco, pero su espíritu, en sí, se va a mantener por mucho tiempo y no podemos olvidar eso”, añadió Zurita. El coautor de ‘El gran hermano’ recordó que, en 2007, había una condición para dar nuevos espacios y posibilidades al país. “En ningún medio existían procesos de autocensura. Llega el 2007 y la censura se va haciendo más grave con los años hasta llegar a la LOC y su accionar”.

Almeida se refirió a la importancia de los procesos colaborativos y de las redes de trabajo para concretar investigaciones de la potencia e Impacto de Los papeles de Panamá. “Aunque las personas se cansen de escuchar tantas historias de corrupción, es importante seguirlas escribiendo e investigando”, enfatizó la coautora de ‘El séptimo Rafael’.

En la segunda charla, moderada por María José Calderón, coordinadora técnica del Cordicom, la interrogante fue: “¿Las reformas a la Ley de Comunicación garantizan nuestros derechos?” La asambleísta Jeaninne Cruz; el superintendente de la Información y Comunicación, Édison Toro; el decano de la Facultad de Comunicación de la UDLA, Carlos Jijón; y el director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, César Ricaurte respondieron.

La legisladora explicó que en el proceso de modificaciones al cuerpo legal en la Comisión de Derechos Colectivos se analizaron más de 14 proyectos. Para ella, algunos de los avances son la eliminación de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), la figura del linchamiento mediático, los artículos referentes a normas deontológicas. Sin embargo, también se mostró preocupada por la imposición de contenidos, que se mantiene en el articulado de la Ley.  

El Superintendente felicitó el trabajo de la Comisión de Derechos Colectivos, que buscó alinearse a los estándares internacionales. “Faltan cosas por hacerse, el debate aún está a tiempo de recoger aspectos que podrían mejorar. Lo difícil es construir una ley y política pública que promueva y desarrolle la comunicación”, reconoció.

“Hace un año, en esta sala, entrevistamos al secretario de Comunicación, Andrés Michelena, y anunciamos la reforma a la ley. Los avances no son menores, ni poca cosa después de 10 años de un gobierno autoritario”, sostuvo el Director Ejecutivo de FUNDAMEDIOS. Ricaurte también aprovechó para expresar su descontento con artículos que no se derogaron en la reforma, como el 42 que exige el título profesional para el ejercicio del periodismo.

Carlos Jijón, de la UDLA, expuso que la LOC, tal y como la pensó el gobierno de Rafael Correa, tuvo el objetivo de ser una herramienta legal para controlar a los periodistas. “Más que una ley mordaza, pretendía ser venda sobre los ojos de los ciudadanos. Era un proyecto de dominación a largo plazo”. El periodista se ratificó en la opinión de que dicho cuerpo legal debe derogarse en su totalidad. “Es verdad que se ha eliminado la Secom, pero la ley aún tiene la misma capacidad para empezar procesos y judicalizarlos. Es sano para la sociedad que se derogue”, concluyó.  

El próximo martes 18 de diciembre se llevará a cabo el debate en el Pleno para aprobar las reformas a la Ley de Comunicación.

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El lunes 10 de diciembre, tras una sesión de cuatro horas, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea aprobó el informe para segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC). Siete legisladores votaron a favor del proyecto y tres, José Chalá, Carmen García y Marcela Holguín, en contra.

Después de varias sesiones de diálogo, observaciones y votación, el informe propone cambios sobre los códigos y normas deontológicas, el derecho a la réplica, el consejo consultivo y la ratificación de  la obligatoriedad de la profesionalización a los trabajadores de la comunicación, entre otros. Modificaciones hechas a última hora se tomaron en consideración como fue el artículo 79 de la ley para permitir a los medios de comunicación la difusión de publicidad de bebidas de moderación hasta cinco grados del alcohol.

El asambleísta César Carrión propuso una disposición transitoria para que las sanciones pecuniarias aplicadas para la Superintendencia de la Comunicación (Supercom) sean revisadas. Expresó que la institución debe encargarse de las sanciones en los 180 días que tendrá de plazo para desaparecer, una vez que la reforma sea oficial. Jeannine Cruz, de CREO, expresó que cuando la Supercom deje de funcionar, parte de sus derechos  y obligaciones deberán ir al Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom). “Los derechos y obligaciones constantes en convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos nacionales o internacionales que le correspondían a la Supercom serán asumidos por el Cordicom de acuerdo a sus atribuciones”, precisó Jorge Corozo, presidente de la Comisión.

Según el Legislativo, el texto del informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Comunicación contiene 90 artículos y 6 disposiciones transitorias.Este informe será enviado este 13 de diciembre a Elizabeth Cabezas, presidente de la Asamblea, para ponerlo a consideración del pleno.

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Se alista el informe para el segundo debate de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. La jornada del 3 de diciembre, la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea revisó y votó sobre las observaciones al Proyecto.

Durante la sesión, se dio un relevancia a la modificación del artículo 42, sobre el libre ejercicio de la comunicación, el cual señala que “las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios de comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser desempeñadas por profesionales en periodismo o comunicación”. El contenido original se ratificó. De modo que se mantiene el requisito de contar con un título profesional para desempeñar actividades periodísticas.

Aquellos periodistas que no tengan título, a partir del 27 de julio del 2014,  han tenido la posibilidad de hacer la certificación de competencias laborales. 2533 certificados se han emitido hasta la fecha. Esto garantiza la calidad de los contenidos de los medios de comunicación y que los medios cumplan con estos salarios fijados”, explicó la asambleísta Marcela Holguín. La experiodista y militante de la Revolución Ciudadana propuso excluir a los medios comunitarios de esta exigencia; sin embargo, no se aprobó.

Los textos sobre las normas deontológicas que debían observar los medios de comunicación y periodistas para difundir información y opiniones serán eliminados de la ley. Con ello se derogarán los artículos 9 y 10 de la LOC, propuesta planteada por el Ministerio del Interior y la Asambleísta Jeannine Cruz.  La propuesta tuvo la mayoría de votos de parte de los asambleístas.

El artículo 26, de Linchamiento mediático, se derogó definitivamente. El 36, sobre Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional, generó debate. Con seis votos a favor, la propuesta de Viviana Bonilla, de modificar el texto del proyecto que dice “Todos los medios de comunicación tienen el deber de difundir contenidos que expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, por un espacio de hasta 5% de su programación diaria” eliminando la palabra “hasta” y conservando el porcentaje requerido de difusión, se acogió.

Se trataron 119 artículos y disposiciones transitorias, reformatorias y derogatorias. La sesión concluyó con el análisis de la matriz de las observaciones. Hasta el 13 de diciembre, la Comisión legislativa prevé contar con el informe oficial para el segundo debate.