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Los datos son contundentes. 2019 es el año más violento contra la prensa de lo que va la administración del presidente Lenín Moreno

Son 212 ataques contra la libertad de expresión y 373 medios, periodistas y trabajadores violentados. Para encontrar un número de agresiones equiparable hay que retroceder a 2014, al régimen de Rafael Correa cuando el aparato estatal de represión y persecución contra la prensa funcionaba a pleno. 

Fundamedios reportó un preocupante incremento de 47% de agresiones a la prensa. Pero quizás, la situación más llamativa de 2019 no es la cifra de agresiones en sí misma, sino el hecho de que entre enero y septiembre se reportaron 78 alertas, durante el mismo periodo de 2018 se emitieron 122. Es decir, se había producido una disminución del 56% en el número de agresiones.  La situación dio un giro de 180 grados en los 12 días de octubre que duró el paro nacional en rechazo a la eliminación del subsidio a la gasolina.

En ese contexto se contabilizaron 116 incidentes violentos que dejaron un saldo de 138 periodistas y trabajadores de la comunicación agredidos, 32 en un episodio de retención o secuestro masivo en un ágora de Quito. Así mismo, se reportaron 97 ataques contra las oficinas e infraestructuras de canales de televisión, prensa y estaciones radiales. Algunas tan graves como el intento de incendio de Teleamazonas. El 74% de todos los ataques contra las sedes se produjo en los mismos 12 días de octubre.

Desde 2007, año del primer registro de agresiones contra la prensa por parte de Fundamedios, no se había reportado tantos ataques reiterados a la infraestructura de los medios de comunicación como sucedió en esos días críticos. También en ese contexto, el hecho más grave por la magnitud de la afectación del derecho a la información de los ciudadanos fue el ataque a las antenas de transmisión en el cerro Pilisurco, provincia de Tungurahua (sierra norte) que dejó fuera del aire a 65 estaciones radiales y televisivas de las provincias de Tungurahua y Chimborazo y a un número todavía no contabilizado en Cotopaxi. Esto se traduce en que se afectó a 963.573 personas que viven en la Sierra Central de Ecuador. A esto se suma el desalojo de periodistas y empleados de la sede de Ecuavisa, El Universo y Medios Públicos, en la capital, por advertencias de ataques a sus instalaciones. Además se incluye la salida del aire de Radio Pichincha Universal una decisión administrativa arbitraria.

El incremento en el número de agredidos es alarmante. Se pasó de 151, en 2018 a 373, en 2019. Se trata de 222 agredidos más en los últimos 12 meses: un aumento del 247%

Cuando Lenín Moreno llegó al poder, en mayo de 2017, se dio un giro de 180 grados en la actitud presidencial hacia la prensa: se acabaron las cadenas nacionales llenas de discurso de odio, el acoso sistemático y asfixiante ejecutado a través de la Superintendencia de la Información y Comunicación, terminaron los juicios contra periodistas con sentencias dictadas en medio de las sabatinas.  Pero, en materia de las obligaciones estatales para la garantía, protección y goce de los Derechos Humanos las buenas intenciones o el dejar de practicar la persecución y acoso estatal no bastan. 

Hay que adoptar políticas para obtener avances activos y reales porque las amenazas del pasado están al acecho y listas para atacar en cualquier momento. Y eso es precisamente lo que está sucediendo. Las cifras no mienten, menos los hechos. Un año que debía terminar con una reducción de más del 50% en las agresiones contra la prensa, termina con un incremento del 47%.

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Teleamazonas fue uno de los medios más perseguidos entre 2007 y 2017. En esa década, el canal televisivo recibió más de 10 sanciones, ofreció disculpas públicas al menos 3 veces, fue sancionado con multas económicas y perdió a 4 periodistas por presiones externas.

El canal fue uno de los más críticos con el gobierno de Rafael Correa. Reportajes sobre supuestos cambios de última hora al proyecto de reforma constitucional impulsado por Alianza País, notas que recogían objeciones a las obras que llevaba adelante el Gobierno o irregularidades en los comicios electorales que marcaban la reelección del exmandatario fueron algunos de los temas que mayor malestar causaron al régimen y que terminaron por convertirlo en blanco de constantes críticas y descalificaciones.

Jorge Ortiz, quien manejaba su programa matutino “La Hora de Jorge Ortiz” fue uno de los periodistas más criticados. “Era evidente que había una persecución contra los medios de comunicación independientes. Parte de esa persecución era tratar que Teleamazonas salga del aire (…) Creo que había una dedicatoria contra mí, nunca hubo un argumento o una acusación concreta, sus ataques eran al estilo Correa con mucho odio, descalificación y epítetos”, afirmó a FUNDAMEDIOS. 

La Constitución de Montecristi, aprobada en 2008, también prohibió a la banca tener acciones en medios de comunicación. Fidel Egas, dueño de Banco Pichincha y de la estación televisiva, vendió la totalidad de las acciones de Teleamazonas.

Carlos Jijón, quien en ese entonces se desempeñaba como Director Nacional de Noticias, también dejó el canal. A su criterio, uno de las coberturas periodísticas que más molestó al Presidente fue el reporte del impacto de la exploración de gas de PDVSA en la isla Puná, esta investigación fue penada con la suspensión de la transmisión, afortunadamente, una Corte provincial falló a favor de la televisora.

Jijón cree que nunca hubo tantas limitaciones a la prensa como en la década pasada. “Yo empecé a hacer periodismo en 1982 y hasta la fecha no encuentro que haya habido una persecución a la prensa tan fuerte como fue en el gobierno de Correa”, sostuvo.

A continuación hacemos un recuento de las sanciones que recibió Teleamazonas y de las razones por las que cuatro periodistas abandonaron la pantalla.

 

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Durante 2015 y 2016, el exSuperintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, se valió de la adulteración de la Ley Orgánica de Comunicación para sancionar a 11 radios a nivel nacional.

Excusándose en su supuesto desconocimiento sobre el error en la transcripción de la Transitoria Sexta, Ochoa evadió un debido proceso y arbitrariamente ordenó reimprimir 300.000 ejemplares de la Ley. Luego, basándose en ese texto, impuso las sanciones y otorgó 72 horas a las radiodifusoras multadas para cancelar la deuda.

El error en la Transitoria tiene que ver con el artículo 102, cuando lo correcto es que cite al artículo 103.

FUNDAMEDIOS y el Colegio de Abogados de Pichincha, plantearon una demanda en contra de Ochoa por uso doloso de la Ley.

Aquí el caso ampliado.

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Ocho organizaciones internacionales de Derechos Humanos que conforman Voces del Sur (VDS) presentaron el informe sombra sobre libertad de expresión en América Latina. El documento recoge 734 agresiones a la prensa en ocho países en 2018.

El proyecto VDS nació en julio de 2017 con el objetivo de apoyar iniciativas para promover y mejorar las protecciones de la libertad de expresión en la región, aumentar la capacidad de las redes de la sociedad civil en cada país y establecer nuevas formas de coordinación y colaboración junto a los sistemas de Derechos Humanos interamericanos y de las Naciones Unidas. Agrupa a Fundamedios (Ecuador), Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Perú), Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela), Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), Comité por la Libre Expresión (C-Libre Honduras) y Centro de Archivos y Acceso a la Información (CAinfo Uruguay).

Las organizaciones desarrollaron un conjunto de 12 indicadores comunes para monitorear y comparar la libertad de prensa y expresión en la región, vinculados al objetivo 16.10.1, incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU; el mismo que protege los derechos de los periodistas y medios de comunicación a realizar su trabajo sin enfrentar violencia, amenazas o intimidación.

A la realización de este informe se sumó la fundación nicaragüense Violeta Chamorro. En 2018 los patrones de extrema violencia, impunidad y políticas autoritarias hacia los periodistas se mantuvieron en la mayor parte de países de América Latina. El año pasado seis periodistas fueron asesinados, ocho secuestrados y dos torturados. Nicaragua es el país con más amenazas, pues la crisis política ha derivado en una persecución sistemática contra la prensa.

Este documento se envió a la sede de Unesco, en París. La mañana de este 2 de mayo, César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, también lo entregó a Indira Salazar, oficial de Comunicación de Unesco, en Quito. A fines de junio próximo, se presentará oficialmente ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.

Los actores estatales, u otros con vínculos directos a las estructuras del poder político o económico, son los principales perpetradores de ataques y amenazas contra la libertad de expresión y prensa en el continente. El aumento de grupos del crimen organizado y narcotráfico es una amenaza importante contra periodistas.

Los ataques contra la prensa continúan siendo frecuentes, especialmente en manifestaciones o eventos políticos. Los periodistas todavía son objeto de intimidación o procesos judiciales abusivos, la mayoría cuando reportan sobre temas de interés particular de políticos en funciones o electos.

Revise el informe completo

 

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Fausto Guido Valdiviezo Moscoso fue asesinado el jueves 11  de abril de 2013 por un sicario en la ciudadela La Atarazana, en el norte de GuayaquilDos indagaciones han sido abiertas por este crimen debido a irregularidades en la investigación fiscal. En la primera, el Gobierno de Rafael Correa, con declaraciones del entonces ministro del Interior, José Serrano, se aseguró que no tenía relación con su ejercicio periodístico. El 23 de mayo el funcionario afirmó que los hechos conducían a una banda de narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y chulco.

Fausto Valdiviezo fue un periodista crítico. Su hermano Alfredo, también comunicador, insiste en que los directivos de TC Televisión de ese entonces están implicados en la muerte. 

Qué se sabe del caso: Da clic en la imagen y conócelo.

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Desde hace 44 años, Diario Extra se ha caracterizado por un estilo sensacionalista e impactante. Desde hace más de cuatro décadas, ha cumplido con su objetivo de informar; y se ha diferenciado de otros medios de comunicación por el uso de textos irónicos, sarcásticos y titulares con doble sentido…

Desde 2013, cuando Carlos Ochoa asumió la Superintendencia de Comunicación e Información (Supercom), se ejecutó una persecución sistemática que tuvo por objetivo castigar al periódico a través de sanciones económicas y administrativas. Gráficos Nacionales (Granasa), empresa que edita Extra y Expreso, fue sentenciada a pagar más de un millón de dólares, como suma de las en distintas multas impulsadas por el exfuncionario, hoy prófugo de la justicia.

Esta es la historia:

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2018 fue un año en que se evidenció una rebaja significativa en las agresiones a la libertad de expresión; pero, sin duda, fue de conmoción. El actual Gobierno ha reconocido patrones de agresión impulsados por el régimen de Rafael Correa contra la libertad de expresión, comunicadores, periodistas, medios de comunicación y activistas políticos. Frente a esa realidad, se ejecutaron acciones para paliar el ambiente hostil y polarizado que se sostuvo entre 2007 y el primer semestre de 2017. Entre esas, resultan determinantes la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), la revisión del rol de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) y sus sanciones, el papel de la Secretaría de Comunicación (Secom), el concurso de frecuencias y las consecuencias del crimen en contra del equipo periodístico de Diario El Comercio.

De acuerdo a los reportes de FUNDAMEDIOS, la mayoría de agresiones poviene de actores estatales, a través de medidas administrativas, legislativas y judiciales. No se ejecutan desde el Gobierno Central, pero sí desde autoridades locales y funcionarios.

En 2018, la forma más común de agresión fue el ataque a la integridad física de periodistas. En 12 meses se reportaron 18 casos, seguido de 16 denuncias sobre censura en Internet. Esto marca una diferencia en el contexto de 2017, año en que la agresión más recurrente fueron los insultos o descalificaciones de autoridades y figuras públicas, junto al hackeo a sistemas informáticos de medios y organizaciones sociales.

También se identificaron patrones en la limitación al acceso a la información pública. Las prácticas mencionadas son incompatibles con la consolidación de un sistema democrático y en la lucha contra la corrupción.

VER: Informe completo

 

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La posición del Gobierno frente a la corrupción del régimen anterior, el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), la evaluación de instituciones y los cambios propuestos en la consulta popular 2018 son algunos de los temas de la coyuntura política que sobresalieron durante 2018 en las páginas de opinión de los medios: El Universo, El Comercio, El Telégrafo y 4 Pelagatos.

Un estudio del Observatorio de Medios del Ecuador (OME), un proyecto de FUNDAMEDIOS, refleja que la política es la temática que acapara los editoriales y columnas de opinión, al obtener el 34% de 1593 artículos analizados. Esto, en mitad de un proceso de transición impulsado por Lenín Moreno, desde hace 18 meses.

Respecto a la valoración de dichos artículos de opinión en referencia a la gestión del Gobierno, el 48% de columnas y editoriales monitoreados revela una posición neutra. Un 30% de la opinión es negativa, respecto a episodios políticos específicos o por estrategias que se consideran insuficientes para abandonar el correísmo. El 22% mantiene una tendencia positiva y destacan la política de Moreno, así como los cambios de índole económica y judicial propuestos.

El informe sobre qué dice la opinión pública en 2018 está compuesto por datos recogidos y analizados de forma aleatoria, correspondientes a dos semanas por cada mes desde enero hasta noviembre de 2018. Los parámetros se centraron en tres indicadores:

  • Temas: de qué hablaron los articulistas durante 2018
  • Género: cuántos artículos fueron escritos por hombres y por mujeres; de qué hablan ellos, de qué hablan ellas
  • Valoración: las opiniones en torno a la gestión del Gobierno fueron positivas, negativas o neutras.

Aquí el informe completo

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El 27 de diciembre de 2013, alrededor de las 11pm, un escuadrón del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía allanó la vivienda de Fernando Villavicencio. El suceso, que se llevó a cabo sin una orden judicial válida y que se dio bajo la instrucción del fiscal José Luis Jaramillo, tuvo como objetivo confiscar toda la información que el investigador había logrado recopilar y pretendía utilizar para denunciar casos de corrupción en el gobierno del entonces presidente Rafael Correa.

El operativo se ejecutó en presencia de dos menores, hijos del investigador, de 1 y 5 años de edad, respectivamente. Durante el allanamiento no se permitió la presencia del abogado del periodista. Para esa época, Villavicencio había publicado varios artículos sobre negocios petroleros y seguros que implicaban funcionarios y exfuncionarios del régimen. Según los vecinos del actual Director del portal La Fuente, periodismo de investigación, las fuerzas policiales destruyeron el mobiliario, llevándose consigo computadores, pendrives, tablets, teléfonos celulares y documentos.

Cinco años después, Fernando Villavicencio abre las puertas de su casa a FUNDAMEDIOS y relata lo sucedido. Habla sobre las investigaciones realizadas y de la publicación de su artículo “El Expediente Chevron” en la revista Plan V, en donde desenmascaró la contratación de abogados que tenían intereses de por medio con la compañía estadounidense. También narra lo que su familia enfrentó y cómo decidió “tomar venganza” de quienes violentamente irrumpieron en su vivienda: investigando.

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Este 15 de noviembre se cumplió el décimo aniversario de la primera sentencia dictada en contra del periodista Nelson Chacaguasay, del semanario La Verdad, de Machala.

Chacaguasay tuvo que enfrentar prisión dos veces por distintas demandas, provenientes de miembros de la función judicial de la provincia de El Oro. La razón: denuncias realizadas en La Verdad de casos corrupción. Además de la cárcel, tuvo que pagar indemnizaciones y multas impuestas por jueces y la Supercom por contenidos publicados en su medio de comunicación.

Su caso fue ingresado hace nueve años en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). A noviembre de 2018, no pasa la fase de Admisibilidad. El periodista se encuentra en total indefensión frente a la persecución política que él, su familia y semanario han sufrido durante la última década.