Authors Posts by Contenidos

Contenidos

832 POSTS 0 COMMENTS

0 50

Desinformación y nueva legislación son dos temas relevantes en el quehacer del periodismo ecuatoriano. En la actualidad, la difusión de contenidos falsos reta a los periodistas a responder con rapidez y precisión ante las audiencias; mientras tanto, también se precisa conocer el ámbito legal que envuelve al oficio, tras la entrada en vigencia de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) en febrero de 2019. Ese contexto fue la base para el taller que Fundamedios dictó a comunicadores de Manabí, provincia costera de Ecuador.

El pasado 16 de enero, César Ricaurte, director ejecutivo; y Desirée Yépez, directora de Contenidos de la organización, impartieron en Portoviejo dos jornadas donde se analizaron dichas temáticas. En un primer acto se convocó a los comunicadores institucionales en las instalaciones de la Gobernación de la provincia. Más de 20 relacionadores públicos se capacitaron en manejo de herramientas para verificar el origen de una información que no es real. 

Los asistentes coincidieron en la importancia de conocer insumos tecnológicos que faciliten las tareas de verificación, pues cada vez son más -y más potentes- las mentiras que circulan a través de la web. Un dato que valida esa impresión es que 2019 representó el año de la desinformación para Ecuador Chequea, portal de Fundamedios especializado en fact checking. En 2018 se atacó 79 mentiras, cifra que el año pasado trepó a 180. Eso implicó un aumento del 128% del trabajo de chequeo y evidenció que el uso de la información falsa no es inocente.  

Estas herramientas también se compartieron con estudiantes y docentes universitarios. Fundamedios, la Universidad San Gregorio de Portoviejo, Federación Nacional de Periodistas del Ecuador(Fenape), Federación Internacional de Periodistas (FIP), Colegio de Periodistas de Manabí y Universidad Laica Eloy Alfaro convocaron a más de 100 personas para profundizar en torno al fenómeno de la desinformación y del marco normativo que regula las tareas de la prensa en el país. 

César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, desmenuzó ocho factores clave que hay comprender sobre la LOC que en la actualidad está modificada y vigente. El cuerpo legal fue reformado en un 76% y varios de sus cambios implican las labores periodísticas. “La Ley actual es mejor que la anterior, pero aún tiene problemas porque todavía es una herramienta en manos del Estado, del poder”, enfatizó el periodista.

Las reformas de la Ley abrieron un amplio y profundo debate. Esta fue una oportunidad para intercambiar puntos de vista diversos sobre la profesión y sus regulaciones.  

0 279

Los datos son contundentes. 2019 es el año más violento contra la prensa de lo que va la administración del presidente Lenín Moreno

Son 212 ataques contra la libertad de expresión y 373 medios, periodistas y trabajadores violentados. Para encontrar un número de agresiones equiparable hay que retroceder a 2014, al régimen de Rafael Correa cuando el aparato estatal de represión y persecución contra la prensa funcionaba a pleno. 

Fundamedios reportó un preocupante incremento de 47% de agresiones a la prensa. Pero quizás, la situación más llamativa de 2019 no es la cifra de agresiones en sí misma, sino el hecho de que entre enero y septiembre se reportaron 78 alertas, durante el mismo periodo de 2018 se emitieron 122. Es decir, se había producido una disminución del 56% en el número de agresiones.  La situación dio un giro de 180 grados en los 12 días de octubre que duró el paro nacional en rechazo a la eliminación del subsidio a la gasolina.

En ese contexto se contabilizaron 116 incidentes violentos que dejaron un saldo de 138 periodistas y trabajadores de la comunicación agredidos, 32 en un episodio de retención o secuestro masivo en un ágora de Quito. Así mismo, se reportaron 97 ataques contra las oficinas e infraestructuras de canales de televisión, prensa y estaciones radiales. Algunas tan graves como el intento de incendio de Teleamazonas. El 74% de todos los ataques contra las sedes se produjo en los mismos 12 días de octubre.

Desde 2007, año del primer registro de agresiones contra la prensa por parte de Fundamedios, no se había reportado tantos ataques reiterados a la infraestructura de los medios de comunicación como sucedió en esos días críticos. También en ese contexto, el hecho más grave por la magnitud de la afectación del derecho a la información de los ciudadanos fue el ataque a las antenas de transmisión en el cerro Pilisurco, provincia de Tungurahua (sierra norte) que dejó fuera del aire a 65 estaciones radiales y televisivas de las provincias de Tungurahua y Chimborazo y a un número todavía no contabilizado en Cotopaxi. Esto se traduce en que se afectó a 963.573 personas que viven en la Sierra Central de Ecuador. A esto se suma el desalojo de periodistas y empleados de la sede de Ecuavisa, El Universo y Medios Públicos, en la capital, por advertencias de ataques a sus instalaciones. Además se incluye la salida del aire de Radio Pichincha Universal una decisión administrativa arbitraria.

El incremento en el número de agredidos es alarmante. Se pasó de 151, en 2018 a 373, en 2019. Se trata de 222 agredidos más en los últimos 12 meses: un aumento del 247%

Cuando Lenín Moreno llegó al poder, en mayo de 2017, se dio un giro de 180 grados en la actitud presidencial hacia la prensa: se acabaron las cadenas nacionales llenas de discurso de odio, el acoso sistemático y asfixiante ejecutado a través de la Superintendencia de la Información y Comunicación, terminaron los juicios contra periodistas con sentencias dictadas en medio de las sabatinas.  Pero, en materia de las obligaciones estatales para la garantía, protección y goce de los Derechos Humanos las buenas intenciones o el dejar de practicar la persecución y acoso estatal no bastan. 

Hay que adoptar políticas para obtener avances activos y reales porque las amenazas del pasado están al acecho y listas para atacar en cualquier momento. Y eso es precisamente lo que está sucediendo. Las cifras no mienten, menos los hechos. Un año que debía terminar con una reducción de más del 50% en las agresiones contra la prensa, termina con un incremento del 47%.

Informe completo

0 47

12 de diciembre de 2019 es una fecha clave en el esclarecimiento del crimen que segó la vida del reportero Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra. Esa fue la fecha escogida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para entregar los resultados del informe final elaborado por su Equipo de Seguimiento Especial (ESE), un documento de 104 páginas que indica que este puede ser solo el principio para alcanzar verdad, justicia, reparación y no repetición. Esto, tras el pedido explícito de los familiares de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paúl Rivas, Fundamedios y la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip-Colombia) de otorgar medidas cautelares que garanticen las distintas etapas del proceso.

Fundamedios, a través de su director jurídico y de DDHH, el exrelator Frank LaRue, expuso su posición en Washington D.C ante Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de la CIDH; Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión; embajadores de Ecuador y Colombia; y las familias Ortega, Rivas y Segarra. 

Para la organización, este es un esfuerzo histórico que sienta un precedente para la libertad de prensa y seguridad de periodistas en América. El informe que firma el ESE es importante porque la violencia contra la prensa se da de maneras diferentes y es multidimensional. Además, es preciso garantizar la seguridad y protección de los periodistas para que puedan informar y, con base en ese ejercicio, los pueblos puedan ejercer su derecho al acceso a la información: los trabajadores de la prensa protegen ese derecho. 

El ataque a periodistas implica a distintos actores, esa complejidad de los hechos no debe alejar la urgencia de esclarecer la verdad. La verdad es uno de los factores más importantes para erradicar la impunidad: tener claridad sobre los hechos de cara a cada uno de los acontecimientos. En los atentados contra la prensa, normalmente eso no se esclarece. Según datos de Unesco, el 90% de los casos no son investigados.  

Fundamedios insiste en que el trabajo del ESE es inicial y debe ser continuado. Instamos a la CIDH a dar seguimiento y monitoreo a sus recomendaciones, las cuales también conducen a mejorar los estándares de Derechos Humanos en el continente y plantearse mecanismos regionales de seguridad. Tal como lo mencionó el exrelator especial de Naciones Unidas y actual asesor de la organización, animamos a los gobiernos de Ecuador y Colombia a trabajar en la continuidad de las indagaciones. 

Ambos Estados deben reconocer lo que dicta el derecho internacional humanitario, como los Convenios de Ginebra y sus Protocolos que contienen referencias explícitas al personal de los medios de comunicación. Con base en ello, los periodistas se benefician de todos los derechos y protecciones otorgados a los civiles en conflictos armados internacionales. Y esto debió aplicarse en la crisis que vivió la frontera norte entre octubre de 2017 y marzo de 2018.

Fundamedios acompañará a las familias de las víctimas en su lucha de verdad, justicia, reparación y no repetición. La organización solicita que las medidas cautelares se mantengan vigentes, para supervisar la implementación de las recomendaciones del informe del Equipo de Seguimiento Especial. Por la memoria de Javier, Paúl y Efraín este debe ser considerado un primer paso hacia el esclarecimiento de los hechos.

 

0 80

El Internet Governance Forum (IGF), organizado por Naciones Unidas (ONU), reúne en un espacio libre y horizontal a los implicados en el desarrollo de un Internet libre, democrático, incluyente y abierto. Este 2019, se lleva a cabo en Berlín – Alemania del 25 al 29 de noviembre. 

El pasado 15 de noviembre se llevó a cabo en Quito, Ecuador, la reunión preparatoria local, donde se sentaron las bases para la constitución de un IGF que, una vez institucionalizado, funcione como herramienta para lograr acuerdos en torno a políticas públicas dirigidas a la utilización de la red como un factor de construcción democrática y desarrollo socioeconómico. Este espacio fue coordinado por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (Mintel), Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) y Fundamedios. 

Internet y Derechos Humanos, Gobernanza Digital, Ciberseguridad, Alfabetización Digital e Internet abierto fueron los ejes para plantear recomendaciones y sugerencias. Más de 50 participantes de los distintos sectores pertenecientes al sector público, privado, sociedad civil, academia, comunidades técnicas, periodistas y medios de comunicación colaboraron en el desarrollo de los aspectos clave para encaminar al país a un proceso de transparencia y gobernanza en Internet. 

0 29

¿Quién protege a quién en coberturas riesgosas? fue la pregunta que marcó el debate que se desarrolló este 15 de noviembre, en el marco del foro Periodismo en Debate, que anualmente organiza la Universidad San Francisco de Quito (USFQ). César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios; Arturo Torres, periodista especializado en investigación; Susana Piedra, presidente de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (Fenape); Eric Samson, corresponsal de Radio France Internacional (RFI); y Mirna Váscones, del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información participaron en la conversación moderada por Dimitri Barreto, macroeditor digital de Diario El Comercio.

En Ecuador, el Estado “ni siquiera reconoce que venimos de 12 años de unas agresiones constantes contra los periodistas, con una impunidad total”, afirmó Ricaurte. El Director de la organización indicó que la década pasada se registraron 2 500 agresiones contra medios y reporteros. El 99% de casos no ha sido resueltos. Otro dato que se sumó al diálogo fue que entre el 3 y 13 de octubre pasado 138 periodistas fueron agredidos durante los 10 días de paro nacional. “El Estado debe proteger a los periodistas porque son los periodistas los que defienden los Derechos Humanos del resto de la población”, insistió. En ese sentido, exigió actos de reparación hacia los afectados. 

Desde la Fenape, Susana Piedra argumentó que es “la autoprotección y la prevención la principal medida para evitar una agresión o poner en riesgo la vida durante una cobertura riesgosa”. Desde su perspectiva, “no podemos esperar que el Estado nos defienda, porque ya vimos que en octubre no lo hizo. El Comité de Protección a los Periodistas no sirvió para nada”, recalcó.

Sin embargo, para Arturo Torres, fundador del portal Código Vidrio, los protocolos de seguridad son imprescindibles. El reportero confirmó que durante sus coberturas en la frontera norte de Ecuador aplicó sistemas de información y ubicación con las autoridades competentes sin que eso afectara su cobertura. “Yo activaba contactos con la Policía y las Fuerzas Armadas. Que ellos supieran dónde estábamos, qué hacíamos; que estuvieran atentos a cualquier mensaje o señal”, relató.

Eric Samson también es partidario de la autoprotección, pero crítico de la impunidad existente en el momento de condenar y juzgar las agresiones de los trabajadores de la prensa. 

La representante del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información instó a fortalecer las alianzas entre las entidades estatales para que los protocolos de cobertura de riesgo se difundan, se apliquen y se vigilen. Acotó que los eventos de octubre pasado “no se vieron venir. Los periodistas asesinados de El Comercio en la frontera norte no vieron venir que sus vidas corrían riesgo y, en ese momento no se sabe cómo actuar, y es por ello que los protocolos deben crearse”.

 

0 197

Desirée Yépez

La voz de Edison Lanza se ha escuchado con frecuencia en Ecuador -al menos- durante el último año y medio. El uruguayo es uno de los personajes más activos en el proceso de investigación y esclarecimiento del secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra (abril 2018). El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intenta hacer frente a la impunidad que rodea la mayoría de crímenes contra periodistas.

Lanza es sereno en sus reflexiones, pero severo al afirmar que los reporteros son un blanco de ataque que el Estado debería proteger. Por eso también visitó Ecuador para enterarse de los pormenores que afectaron las coberturas del paro nacional de octubre pasado, cuando 138 comunicadores en todo el país sufrieron agresiones y vejaciones de distinta índole. Para el periodista y abogado, el crimen organizado, los gobiernos autoritarios y la crisis de la democracia son clave para entender los ataques a la prensa.

En Latinoamérica son cientos los ataques contra la prensa que se registran anualmente; al mismo, tiempo la mayoría de casos queda impune. ¿Por qué?

Es parte de un círculo donde se ha naturalizado la agresión verbal, física; incluso en algunos países se llega al extremo del asesinato y la falta de respuesta adecuada del Estado que debería ser investigar. El periodista ejerce la libertad de expresión, de prensa, informa a la sociedad y es un elemento de la democracia; por eso, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ha dicho que hay obligaciones especiales de investigar cualquier amenaza, agresión o crimen contra periodistas y sancionar a los autores intelectuales y materiales.

El periodismo bien ejercido resulta incómodo para los distintos poderes. ¿Cómo enfrentar el crimen contra periodistas cuando -de hecho en muchos países- el sistema está corrupto, el sistema de justicia está corrupto?

Hay muchos temas que no están aislados respecto a la violencia contra periodistas. La impunidad tiene que ver con que somos una de las regiones con mayores índices en general, cualquier crimen o delito queda impune, sin duda. Por eso mismo hay que analizar las situaciones, exigir a los Estados que, si quieren ser considerados como una democracia plena y hay violencia estructural contra periodistas, se debe contar con un mecanismo de protección específico y fiscalías especializadas para terminar con este flagelo que es uno de los problemas más graves de libertad de expresión.

Cuando se habla de mecanismos de protección es posible citar el caso de México que cuenta con uno pero es -en Latinoamérica y en el mundo- uno de los países más mortíferos para la prensa. ¿Por qué esa paradoja?

Antes de que existiera el mecanismo de protección ya teníamos una crisis de violencia contra periodistas sin precedentes vinculada a la presencia del crimen organizado en distintas regiones donde este manda, intenta mandar o coopta autoridades. Es una situación excepcional. En ningún otro país de la región tenemos 20 asesinatos por año. El mecanismo de protección surge como una respuesta a esa situación crítica que hasta que no se resuelva el problema global de violencia seguirá afectando a periodistas, lamentablemente, porque son quienes alertan.

El mecanismo de México estuvo muy mal implementado inicialmente, pero hoy hay más de 200 periodistas con protección, de los cuales un porcentaje pequeño de personas que estaban protegidas igualmente fueron asesinadas. En ese sentido es un avance. El mecanismo es perfectible, hay que seguir invirtiendo, se necesita articulación a nivel estatal. El problema es que la situación de violencia estructural e impunidad sigue en México.

En Ecuador en 2018 se vivió el asesinato de tres periodistas en ejercicio de la profesión vinculado directamente al Frente Óliver Sinisterra, relacionado al crimen organizado. ¿Cuál fue el avance del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) de la CIDH en ese caso?

El ESE cumplió su cronograma de trabajo. Hemos hecho tres visitas a Ecuador, dos a Colombia; procesamos una cantidad de información a la cual accedimos y redactamos un informe final que se envió en consulta a los Estados. Ya tenemos una versión que se presentará públicamente en los próximos 30 días*.

Presentar el documento este 2019 para mí era un compromiso. Hemos hecho las gestiones para eso.

¿Cuáles han sido las complicaciones en el momento de querer hacer público el informe?

Hay que tener la perspectiva de que en la historia de la CIDH y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión (RELE) es el primer caso donde se hace una investigación paralela a la que desarrolla el Estado en el mismo momento. Eso implica algunas complejidades para el Estado, para los órganos de justicia, que no negamos. En el mismo momento en que ellos recolectan información nosotros estamos mirando. Si nosotros revelamos alguna de esas pruebas que todavía está reservada, se genera una complicación. El objetivo en este caso es acompañar, no dictar una resolución definitiva sobre la actuación del Estado.

Tuvimos un acceso importante a todo, pero hay restricciones hacia algunos documentos que el Estado considera que todavía están bajo reserva; no es que no los hayamos podido ver, pero nos solicitan que no sean revelados mientras las investigaciones avancen y lleguen a audiencia. Hemos tratado de hacer una versión que contenga los hallazgos, recomendaciones y consideraciones que deben haber en la investigación.

¿Como Relatoría están satisfechos con el resultado del documento?

Sí. Hay que esperar a presentarlo, que los familiares de las víctimas tengan conocimiento, que hagan una valoración, que la prensa pueda hacer una valoración… Estamos tranquilos porque hemos hecho todo el esfuerzo por hacer un trabajo en favor de las víctimas y para satisfacer las demandas de información de los familiares.

En la más reciente crisis que vivió Ecuador a inicios de octubre pasado, uno de los hechos que llamó la atención fue el impedimento para realizar coberturas tanto desde la fuerza pública como de los manifestantes, de la sociedad civil. ¿Cómo entender el rechazo que existe ahora mismo hacia la prensa, ya no únicamente desde el poder oficial, sino de la ciudadanía como tal?

Hay una gran polarización de la sociedad. Toda esa retórica y ataque permanente que recibió la prensa durante los 10 años de (Rafael) Correa, mucha gente -que legítimamente defiende el gobierno de Correa- ha incorporado esa narrativa de prensa corrupta y se dice a la ligera; eso genera un clima de hostigamiento injusto. La mayor parte de los medios cubrieron las protestas, los lesionados, los discursos, las reivindicaciones del movimiento indígena… El objetivo de los medios de comunicación, de los periodistas, es informar, hacer su trabajo profesionalmente, cumplir con el derecho a saber, controlar el gobierno -cualquiera que sea-.

Cuando baje la espuma, en Ecuador debería haber una discusión entre todos los actores de las manifestaciones; incluso con el Estado porque el mecanismo de protección no funcionó en esta instancia.

La desconfianza en el trabajo de la prensa ha abonado el terreno para que procesos de desinformación surjan con fuerza…

Este fenómeno afecta el debate público, el derecho de la ciudadanía a saber, ensucia la esfera pública y hay que tener una serie de estrategias que implica a varios actores. No queremos volver a generar tipos penales para penalizar posible difusión de “fake news”.

Una ley no es el camino…

Por lo menos no una ley sobre sanción o responsabilidades para quien difunda o produzca este tipo de contenidos. Quien produce lo hace en el anonimato, trata de esconderse y es difícil de encontrar en tiempo real… El derecho penal no es la herramienta para ningún fenómeno de comunicación ni de expresión, salvo el discurso que incita a la violencia. Las plataformas digitales deben tener políticas para hacer frente a este fenómeno, que es muy propio de las redes sociales; y es necesario que el Estado dé información veraz e informe sobre políticas, lo que hace y va a hacer.     

 

*La CIDH confirmó que el próximo 10 de diciembre presentará el informe.

0 49

Los resultados del Informe Sombra sobre la implementación del Objetivo 16.10.1 de Desarrollo Sostenible en Latinoamérica,  que revela datos sobre las agresiones a la prensa en ocho países de la región, fue presentado en el foro “Monitoreo sobre Libertad de Prensa en América Latina”, organizado por la organización National Endowment for Democracy (NED), en Washington, este 18 de julio.

El documento que fue elaborado por la plataforma Voces del Sur contabilizó más de 700 agresiones en Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Perú, Venezuela, Bolivia, Honduras y Uruguay en 2018. El levantamiento de las alertas fue sustentado en 12 indicadores en común.

El año pasado también se contabilizaron 5 asesinatos a periodistas, ocho secuestros a comunicadores y dos reporteros torturados. Nicaragua es el país que presenta un mayor número de alertas (234), seguido de Venezuela (196). Ecuador reportó 83.

Dagmar Thiel, directora de Fundamedios Estados Unidos, aseguró que, del total de alertas reportadas, 44 relacionadas a temas de género y más de 400 tuvieron relación con ataques a la libertad de prensa y de expresión, siendo el Estado el principal perpetrador.

Mencionó que los países de América Central atraviesan constantemente situaciones de violencia e impunidad, lo cual somete a los periodistas a un estado de constante “miedo y autocensura“. Por ejemplo, explicó que en Honduras los reporteros de investigación que cubren crimen organizado y corrupción son “sometidos sistemáticamente a amenazas, intimidación y violencia física“.

Thiel aseguró que el informe también recoge casos relacionados con restricciones de Internet, suspensión arbitraria de cuentas en redes sociales, piratería, ciberamenazas y bloqueo de sitios web.

La panelista Adriana León, directora del área de Libertades Informativas de Ipys Perú, resaltó la importancia de Voces del Sur como un proyecto pionero en América Latina que sienta un precedente para alertar sobre los riesgos de la profesión, lo cual, explica, ya ha generado un impacto regional. “En Bolivia cambiaron las leyes, en Perú los intentos de promover leyes antiprensa fueron detenidos, en Venezuela se visibilizó mejor la problemática de la libertad de expresión y en Ecuador se ha jugado un papel clave en la transición”, aseguró.

A su criterio el reto más grande es incidir con mayor impacto en los gobiernos latinoamericanos y en la sociedad, por ello cree que Voces del Sur debe sumar a más países. “Si logramos que a la gente le importe la libertad de expresión entonces será más fácil frenar las violaciones contra este derecho”, finalizó.

Matt Potter, director de programa de PADF, señaló que está previsto sumar a tres o cuatro países más a la plataforma para promover un monitoreo regional global.

INFORME ESPAÑOL / INGLÉS

INFORME INGLÉS /ESPAÑOL

0 45

En el foro sobre por qué la seguridad de los periodistas es crucial para lograr el ODS 16 y cómo los sistemas de monitoreo contribuyen a ello, realizado por UNESCO, este 17 de julio en Nueva York, Voces del Sur presentó el Informe Sombra ODS 16.10.1 elaborado por ocho organizaciones de la sociedad civil de América Latina que recopilaron y reportaron ataques a la libertad de expresión en la región durante 2018.

Marianela Balbi, directora de Ipys Venezuela, aseguró que Voces del Sur nació con el propósito de comprender lo que está sucediendo en Latinoamérica donde existen riesgos muy altos para el ejercicio periodístico, donde se censura y se acosa a los medios de comunicación de forma reiterativa.

Balbi explicó que la idea inicial del proyecto fue crear un sistema para unificar indicadores que cumplan con el apartado 16.10.1 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, respecto a la seguridad de los periodistas. Así, diseñaron indicadores regionales comunes que midan los diferentes niveles de amenazas a la libertad de prensa y de expresión para fortalecer un análisis comparativo.

Si bien se tomaron en cuenta casos extremos como asesinatos, secuestros y tortura a periodistas, también se incluyeron indicadores adicionales para rastrear la estigmatización a la prensa, los procesos administrativos y judiciales en contra de los comunicadores, ataques a la libertad de expresión en Internet y leyes que puedan coartar estas libertades.  Según la directora de Ipys Venezuela también se incluyó un enfoque de género transversal.

Durante 2018, en los ocho países se registraron un total de 732 alertas. Los actores estatales fueron responsables de más del 50% de agresiones. También se registró un alto nivel de impunidad en actos judiciales que involucran a periodistas. El 94% de casos quedan en la impunidad.

Guy Berger, Director de Libertad de Expresión y Desarrollo de Medios de UNESCO, reconoció que es necesario “fortalecer el monitoreo global sobre asesinatos e impunidad” para velar por el trabajo de la prensa independiente.

Con él concordó Silvia Chocarro, de Artículo 19. “Reportar sobre agresiones y tener esta base de datos permite, incluso, generar impacto y crear incidencia en la política para que tomen acción respecto a la seguridad de periodistas”, finalizó.

Voces del Sur está conformado por el Foro de Periodismo Argentino – FOPEA / Argentina, la Asociación Nacional de la Prensa – ANP / Bolivia, la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios – FUNDAMEDIOS / Ecuador, el Comité por la Libre Expresión – C-Libre / Honduras, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro / Nicaragua, el Instituto Prensa y Sociedad – IPYS / Perú, el Centro de Archivos e Información Pública – CAinfo / Uruguay y el Instituto Prensa y Sociedad – IPYS / Venezuela.

INFORME ESPAÑOL / INGLÉS

INFORME INGLÉS ESPAÑOL

0 28

Ocho organizaciones internacionales de Derechos Humanos que conforman Voces del Sur (VDS) elaboraron el Informe Sombra sobre el cumplimiento del ODS 16.10.1 relacionado a  libertad de expresión en América Latina. El documento recoge 732 agresiones a la prensa en ocho países durante 2018.

El proyecto VDS nació en julio de 2017 con el objetivo de apoyar iniciativas para promover y mejorar las protecciones de la libertad de expresión en la región, aumentar la capacidad de las redes de la sociedad civil en cada país y establecer nuevas formas de coordinación y colaboración junto a los sistemas de Derechos Humanos interamericanos y de las Naciones Unidas.

Las organizaciones desarrollaron 12 indicadores comunes para monitorear y comparar la libertad de prensa y expresión en la región, vinculados al objetivo 16.10.1, incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU; el mismo que protege los derechos de los periodistas y medios de comunicación para realizar su trabajo sin enfrentar violencia, amenazas o intimidación

Las organizaciones que participan son Fundamedios (Ecuador), Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Perú), Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela), Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), Comité por la Libre Expresión (C-Libre Honduras) y Centro de Archivos y Acceso a la Información (CAinfo Uruguay).

Entre los principales hallazgos, el informe Sombra denuncia el asesinato de seis periodistas,el secuestro de ocho comunicadores y la tortura de dos más. Entre todos los países, Nicaragua reportó más amenazas, debido a la crisis política de 2018.

El documento también destaca que los actores estatales y personales vinculados al poder político y económico son los principales causantes de los ataques y amenazas contra la libertad de expresión y prensa en el continente.

INFORME SOMBRA ODS 16.10.1 INGLÉS – ESPAÑOL
INFORME SOMBRA ODS 16.10.1 ESPAÑOL – INGLÉS

0 56

Acceso a la información y seguridad para periodistas son algunos de los temas que se discutirán la semana del 15 al 19 de julio 2019 en Estados Unidos. Fundamedios y Voces del Sur participarán en distintos foros y conferencias que impulsarán la revisión de diversas aristas relacionadas a estos temas, en espacios creados para debatir y discutir los retos que enfrenta la prensa regional en estos aspectos.

El martes 16 de julio, profesionales internacionales participarán de la conferencia: ¿Cómo reportar las agresiones a la prensa? La experiencia Voces del Sur en Latino-américa y el Caribe, en Nueva York. César Ricaurte, director ejecutivo de FUNDAMEDIOS, hablará sobre las prácticas de la organización, junto a él estarán: Guillermo Medrano, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (Nicaragua) y Leslie Lafuente, de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia.  El objetivo también es reflexionar en torno a mejores prácticas, oportunidades, garantías para hacer periodismo y defender Derechos Humanos

En el marco del Foro Político de Alto Nivel Sobre Desarrollo Sostenible a llevarse a cabo en Nueva York, el 17 de julio 2019, se discutirá por qué la seguridad de los periodistas es crucial para lograr los ODS 16 y cómo los sistemas de monitoreo contribuyen a ello. En este panel participarán organizaciones asociadas a Voces del Sur, como IPYS (Venezuela) con la representación de su directora ejecutiva, Nela Balbi y Artículo 19, representada por Sebastián Salamanca, manager del programa de Protección y Defensa de la organización. Además, intervendrán como panelistas Kerry Paterson, directora de Comunicación y Defensa del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y Owais Aslam Ali, director ejecutivo de la Fundación de Prensa de Pakistán.

Además, en Washington D.C, el jueves 18 de julio, se realizará la conferencia sobre Monitoreo de la libertad de los medios en América Latina y cómo el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (ODS) está impulsando el compromiso de la sociedad civil. A lo largo del último año, la región ha sido testigo de cambios bruscos en el estado de la libertad de los medios de comunicación, desde una disminución abrupta en Nicaragua hasta destellos de mejora en Ecuador. Pero, ¿puede el monitoreo y la revisión ofrecer lecciones para mejorar y reformar? Un nuevo informe de una iniciativa regional destaca las posibilidades de la sociedad civil para aprovechar dichos procesos, desde socios a nivel nacional hasta el Examen de Alto Nivel de las Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Algunos de los líderes de esta iniciativa discutirán las oportunidades disponibles para que la sociedad civil aproveche estos procesos para mejorar el entorno general para la libertad de expresión en la región.

Estos eventos cuentan con el apoyo e impulso de la Misión Permanente de las Naciones Unidas en Lituania, Misión Permanente de las Naciones Unidas en Francia, la Misión Permanente de las Naciones Unidas en Grecia, el Group of Friends for the Protection of Journalists, UNESCO, Artículo 19, IFEX, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), el Centro para la Asistencia Internacional de los Medios (CIMA), National Endowment for Democracy (NED), la Fundación de Desarrollo Panamericano (PADF), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), IPYS Venezuela, IPYS Perú y CAinfo (Uruguay)

Informe Sombra ODS 16.10.1